El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra del diputado Miguel Calisto por el delito de fraude al fisco.

Sin embargo, el CDE explica que la acción judicial es sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

La querella también es contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por hacer maniobras para desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos.

Carla Graf, coludida con Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio.

De esta forma se apoyaba la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios.

Con esto, recibía a cambio un pago a honorarios sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada.

Múltiples antecedentes dan cuenta que Graf no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén.

Se constató que Graf no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por Calisto.

El CDE indica que Calisto faltó a los deberes de su cargo e incurrió en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos.

Además, promovió la celebración de contratos por servicios no prestados.

El diputado pagó por concepto de honorarios a la imputada más de $100 millones en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó.

Asimismo, durante ese período se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias.

Entre estas se encuentran el financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables.