Por 84 votos a favor, uno en contra y 44 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora del “caso Monsalve”.

La instancia se conformó tras una solicitud presentada por 65 diputados/as que se respaldó en octubre de 2024.

El grupo parlamentario indagó las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la PDI.

Lo anterior respecto a la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario, Manuel Monsalve y sobre el uso irregular de personal y recursos públicos, entre otros puntos.

El informe señala que uno de los aspectos más preocupantes es la utilización ilegítima del Sistema de Inteligencia del Estado.

En este marco, se estima urgente sacar adelante la tramitación legislativa del proyecto que aborda este tema que estás en el Senado.

En este se promueve un sistema vigoroso y moderno que da cuenta de las problemáticas modernas que afectan a los Estados.

De hecho, se resalta, en el marco de la tramitación de la iniciativa se tomó en cuenta las experiencias dejadas por el “caso Monsalve”.

Un ejemplo es disponer de tipos penales específicos que sancionen las conductas que se imputan por parte del otrora subsecretario del Interior.

Atribuciones para la Contraloría

El texto resalta que la potestad de sancionar, en muchas ocasiones, recae en la misma jefatura del servicio que está siendo investigada.

Lo anterior genera un conflicto de interés, pues una eventual sanción depende de una autoridad que puede tener vínculos jerárquicos o políticos con el denunciado/a.

Se observa, en el “caso Monsalve”, que la aplicación de medidas disciplinarias dependía de la ministra de la cartera.

También del Presidente de la República y según se evaluó, esto reduce las posibilidades de una sanción efectiva y oportuna.

En tal plano, se insta a mejorar la aplicabilidad de las sanciones administrativas instruidas por la Contraloría.

Se recordó que la Contraloría expuso que la fiscalización de los gastos reservados presenta desafíos estructurales.

Esto se debe a que la legislación vigente establece ciertos niveles de confidencialidad que impiden un control exhaustivo de su uso.

“Si bien los organismos del Estado deben rendir cuentas sobre el destino general de estos fondos, la laxitud es tal que se hace imposible la supervisión de su correcta utilización”, plantea el informe.

Y agrega que “la posibilidad de que estos recursos hayan sido utilizados para fines distintos a los establecidos en la normativa vigente, refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización y de establecer mayores exigencias en la rendición de cuentas”.

En orden a lo anterior, se llama a permitir a la entidad fortalecer su capacidad de supervisión.

De tal modo, se espera garantizar que los gastos reservados sean utilizados exclusivamente para los fines que la ley dispone.

Protocolos de acoso

El informe constató que en la administración pública existen protocolos para abordar el tema del acoso y abuso sexual.

Sin embargo, se verificó que existe falta de conocimiento de las y los funcionarios respecto de ellos. Por esto se pide abordarlos de mejor manera, con mayor difusión, monitoreo y capacitación.

Asimismo, se declara que la falta de un reglamento claro permitió que Monsalve liberara a su escolta en varias ocasiones. Esto se realizó sin que existieran consecuencias o revisiones posteriores.

Según se informa, registros de la PDI dan cuenta que el exsubsecretario se desligó voluntariamente de su custodia en el Hotel Panamericano.

Les ordenó a los escoltas a retirarse y no retomó contacto con ellos hasta el día siguiente del que sucedieron los hechos por los cuales fue denunciado ante el Ministerio Público.

En este marco se plantea actualizar y/o crear un Protocolo de protección de altas autoridades por parte de las policías.

Finalmente, para mejorar la fiscalización de la Cámara, se considera fundamental dar urgencia legislativa a iniciativas que vayan en la línea de modificar las obligaciones de los funcionarios públicos frente a las comisiones especiales investigadoras.