La alcaldesa de Colina y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Isabel Valenzuela, pidió al Congreso aprobar lo más rápido posible el proyecto que permite el uso de detectores de metales en los colegios.
La jefa comunal, que estuvo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, recalcó la necesidad urgente de aprobar esta iniciativa.
Las ideas de la ACHM
La idea es contar con más herramientas que generen entornos adecuados para los estudiantes, alejando de los establecimientos educacionales la violencia, así como el consumo, tráfico y abuso de drogas.
Valenzuela afirmó que “lamentablemente, hoy muchos espacios educacionales están invadidos por las drogas, el narcotráfico, la violencia y las armas, representando un peligro”.
“La violencia en los colegios y en los centros de salud es un fenómeno real y preocupante«, dijo.
«Son los municipios los que tienen un rol insustituible en la implementación de medidas preventivas”, precisó.
En la misma sesión de la comisión, la alcaldesa presentó tres observaciones de la ACHM para la correcta implementación del proyecto de ley.
Uno es crear un marco legal que evite sanciones a las municipalidades que adopten, dentro de sus competencias, medidas innovadoras contra la violencia en las aulas.
Asegurar mecanismos de financiamiento, apoyo técnico y gradualidad para la implementación del proyecto.
Y por último, establecer protocolos estandarizados, supervisados por los ministerios competentes y construidos de la mano de las comunidades involucradas.
Uno fue que los pórticos, por sí solos, no aseguran la protección, sino que deben ser parte de una política integral de cuidado de las alumnas y alumnos.
El objetivo es que se complemente con medidas como programas de salud mental escolar y comunitaria y formación docente en resolución de conflictos.
Además de protocolos de convivencia construidos participativamente, inversión en infraestructura segura y trabajo con padres y apoderados.
Finalmente, se presentó la idea de un reglamento ministerial para estandarizar los protocolos de protección e intervención ante situaciones de violencia.







