Los diputados RN, Miguel Mellado y Carla Morales, oficiaron a la Contraloría y al Servicio de Impuestos Internos (SII) para realizar una fiscalización profunda al actuar de la Fundación ProCultura.
La solicitud se centra en el uso indebido de fundaciones como vehículos de inversión que permiten a sus fundadores o asociados beneficiarse personalmente de las rentas generadas, evitando el pago de impuestos.
Indican que ProCultura, beneficiaria de $480 millones entregados por CORFO por la administración de “Lota Sorprendente”, habría creado una sociedad privada (Agencia de Turismo Patrimonial SPA), cuyo único socio es funcionario de la fundación.
Esto constituirá una infracción legal que, desde diversos puntos de vista, debería ser revisada tanto por la Contraloría como por el SII.
En el oficio dirigido a la Contraloría, los parlamentarios RN advierten que este modelo operaría como un “vehículo de inversión encubierto”.
Además, se solicita instruir medidas disciplinarias y remitir los antecedentes al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado, si correspondiera.
SII se focalice en licitaciones
El oficio enviado al SII pone el foco en la utilización de licitaciones públicas o asignaciones directas como mecanismo para generar ingresos sin fines tributarios.
Se plantea que la sociedad creada por la fundación habría operado como un mecanismo de triangulación de recursos para eludir el pago de impuestos.
Se solicita una auditoría tributaria exhaustiva, que permita determinar si los fondos adjudicados a través de licitación o trato directo fueron desviados a fines ajenos.
“El Estado no puede seguir entregando recursos millonarios a fundaciones que, lejos de cumplir un rol social transparente, crean empresas paralelass”, señaló.
Morales sostuvo que “estamos frente a un caso que grafica cómo se puede desnaturalizar completamente el sentido de una fundación sin fines de lucro”.
“Es imprescindible que el SII actúe con rigor y revise si aquí hubo beneficios tributarios indebidos o mecanismos diseñados para evadir la responsabilidad fiscal”, remató.