Por: Bretta Palma – Psicopedagoga y Experta en neurodivergencias.
El pasado 22 de diciembre se cumplió un año desde la promulgación de la Ley N°21.645 de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, un hito relevante en la legislación chilena que busca equilibrar las responsabilidades laborales con las necesidades personales y familiares. Este marco legal, que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en el sector privado y público regido por el Código del Trabajo, es aplicable a quienes tengan a su cuidado menores de 14 años, personas con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, siempre y cuando la naturaleza de sus labores lo permita. No obstante, a pesar de sus avances, la exclusión del funcionariado público no regido por este código plantea interrogantes urgentes sobre equidad y derechos.
Uno de los principales avances de esta ley es el reconocimiento de la importancia del cuidado familiar como una dimensión central de la vida de las personas trabajadoras. Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto donde los modelos laborales tradicionales han mostrado ser incompatibles con las demandas familiares. Sin embargo, la implementación desigual en el sector público genera una preocupante brecha entre quienes pueden acceder a estas medidas y quiénes no.
Para las familias que deben cuidar de menores o personas en situación de dependencia, la posibilidad de optar por un régimen de teletrabajo es fundamental para responder de manera adecuada a situaciones complejas. Sin embargo, en el caso del funcionariado público no cubierto por esta ley, las dificultades se multiplican. Un ejemplo recurrente es el de padres o madres y/o cuidadores que deben justificar ausencias para atender emergencias familiares, como la desregulación emocional de un niño o niña en situación de dependencia. En estos casos, no hay mecanismos que les permitan priorizar el cuidado sin arriesgar su estabilidad laboral.
La experiencia de los profesionales que acompañamos a estas familias refleja la magnitud del problema. Es desgarrador encontrarse con madres, padres y/o cuidadores que, pese a su compromiso, no pueden cuidar adecuadamente a sus hijos o hijas en momentos críticos porque su situación laboral no lo permite. Esta realidad no solo afecta al bienestar de los menores, sino también a la salud mental de los cuidadores, quienes a menudo enfrentan un profundo agotamiento emocional y físico.
Aunque la Ley N°21.645 ha avanzado en visibilizar las necesidades de conciliación, su aplicación parcial limita el impacto que podría tener. Es necesario extender su cobertura al funcionariado público en su conjunto, garantizando que todas las personas trabajadoras puedan acceder a condiciones laborales que respeten su rol como cuidadores. Además, se requiere una inversión en capacitación y sensibilización, tanto en el sector público como privado, para asegurar que estas medidas no sean vistas como privilegios, sino como derechos fundamentales.
En este sentido, es crucial que la conciliación laboral y familiar no siga siendo vista como un lujo accesible sólo para ciertos sectores, sino una garantía universal que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La pregunta que queda es clara: ¿Cuánto tiempo más deben esperar quienes han quedado fuera de este avance legislativo para que se haga algo al respecto?
