La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, responsabilizó a los senadores de Chile Vamos y de Demócratas del plazo extendido a 13 años para que las isapres devuelvan el dinero cobrado en exceso a sus cotizantes en la Ley Corta, lo cual ha provocado una airada reacción de los usuarios por los “humillantes” montos que recibirán en 156 cuotas.
La ministra dijo que “es más simple de lo que ha parecido y la controversia que ha generado. Aquí hay un fallo de la Corte Suprema que todos saben (…) había que resolver mediante una ley corta”.
“En ese proceso de discusión hubo distintas miradas, muchas muy contrapuestas y en la necesidad de llegar a un acuerdo para resolver la implementación de la ley corta, los senadores de oposición, de Chile Vamos y Demócratas de la comisión mixta, solicitaron ampliar el plazo”, apuntó.
Vallejo recordó que la propuesta del Ejecutivo era distinta a la que se impuso al final, por lo que “pero la ansiedad de llegar a acuerdo y contar con los votos para resolver el conflicto y permitir, tanto sostenibilidad al sistema, fortalecimiento de Fonasa y hacer que se cumpliera el fallo en torno al tema del pago de los cobros excesivos a los usuarios”.
“Incluso hay videos que dan cuenta de que tanto la mutualización, que nosotros no la permitimos porque significaba reducir la deuda de los usuarios, como la extensión de los plazos, son propuestas que fueron impulsadas, sostenidas y puestas como condición incluso de aprobación de los senadores de Chile Vamos y de Demócratas”, precisó.
Agregó que “para poder sacar un proyecto de ley, necesitamos de los votos también de Chile Vamos y en esa discusión rechazamos la mutualización y se tuvo que considerar esa ampliación de plazo porque era condición para aprobar una ley corta que si no se tenía no se cumplía el fallo”.
“La verdad, la verdad es que la propuesta de extensión de los plazos fue sostenida, insistida, por los parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, que se manifestó en la comisión Mixta y fue la condición, o una de las condiciones, para que hubiese legislación. Eso implicó que el Ejecutivo, por la extensión del plazo, consideráramos una excepción para los adultos mayores y no afectar a las personas mayores”, remató.
