La Comisión de Obras Públicas respaldó la idea de legislar de dos proyectos de ley, referidos a la conversión de vehículos y al cobro de peajes, este último apuntando a eliminar la facultad del Estado de aplicar multas a quienes circulen sin sistema electrónico o tag por las autopistas concesionadas.

La instancia aprobó en general una moción presentada por el diputado Jaime Mulet, que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito.

Lo anterior se basa en los reparos a la legitimidad del sistema, dada la cuestionable mantención de las autopistas y el incremento constante de las tarifas por parte de las concesionarias.

En su idea matriz, la iniciativa recalca que el concesionario tiene el deber de preservar siempre en perfectas condiciones de uso, conservación y mantención toda la infraestructura. Ello hoy no ocurre, pues la situación actual de muchas autopistas es directamente atribuible a sus actos y/o omisiones.

Por estas razones, carece de sentido que el Estado se encargue de establecer sanciones para que los usuarios y usuarias sigan manteniendo un sistema abusivo.

La instancia parlamentaria fijó para el 7 de enero próximo el plazo para la presentación de indicaciones.

Además, la comisión también abordó el proyecto que faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para autorizar a establecimientos o talleres, la realización de transformaciones de tipos de propulsión de combustión interna a eléctrico, sobre la base de una regulación establecida.

El texto que permite también otras adaptaciones a vehículos motorizados en uso, tiene por objeto resguardar la seguridad de las personas que intervienen en dichos procedimientos y la de los ocupantes de los vehículos.

Así, la iniciativa establece que las transformaciones o adaptaciones indicadas deberán realizarse conforme lo determinen el o los reglamentos que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dicte al efecto. Estos deberán contener, a lo menos, los alcances y procedimientos técnicos a seguir, atendiendo los modelos de los vehículos.

El proyecto busca hacerse cargo, además, de aquellos talleres que alteran las características esenciales de los vehículos, como puede ser la transformación desde combustión interna a hidrógeno u otras, que repercutan en la seguridad vial.

Frente al incumplimiento de lo señalado en la normativa, se establecerá una serie de sanciones. El plazo para ingresar indicaciones al proyecto vence el 17 de diciembre.