Los diputados RN e integrantes de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton y José Miguel Castro, solicitaron este lunes a la Contraloría que analice la legalidad del proceso de regularización migratoria masiva anunciado por el Gobierno, medida que beneficiaría a 180 mil personas que ingresaron clandestinamente al país, contraviniendo las disposiciones de la Ley de Migración y Extranjería.
En el escrito presentado esta mañana, los parlamentarios argumentaron que esta regularización vulnera el espíritu de la normativa migratoria chilena, que establece sanciones claras para quienes ingresan al país de manera irregular. Asimismo, señalaron que los requisitos propuestos por el Gobierno, como el arraigo laboral, entrarían en conflicto con la legislación actual, que prohíbe que extranjeros en situación irregular ejerzan actividades económicas en el país.
Longton manifestó que “junto al diputado Castro hemos venido por una eventual ilegalidad en el proceso de regularización masivo de migrantes que ingresaron por pasos clandestinos de manera ilegal a nuestro país. Sin tener controladas nuestras fronteras ni capacidad de expulsión, ahora el Gobierno pretende regularizar a quienes han incumplido la ley, lo que rechazamos rotundamente. Esto genera un incentivo para nuevos ingresos clandestinos y afecta directamente a los chilenos”.
Y en esa línea añadió que “la ley de inmigración establece claramente que ingresar por pasos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción específica. Esto no puede ser pasado por alto por el Gobierno. Además, piden arraigo laboral, cuando quien ingresa ilegalmente no puede trabajar, ya que eso también tiene sanciones para los empleadores. Finalmente, no podemos confiar en antecedentes penales provenientes de regímenes como el de Maduro, donde el sistema penal carece de transparencia y está ligado al crimen organizado. Todo esto demuestra que el proceso anunciado es ilegal y dañino para nuestro país”.
Por su parte, el diputado Castro enfatizó que “le hemos pedido a la Contraloría que se pronuncie sobre este proceso, que claramente contradice la Ley de Migraciones. Este Gobierno le mintió al país al asegurar que el empadronamiento biométrico no sería un perdonazo, cuando en la práctica lo es. Además, ¿cómo podemos confiar en antecedentes penales provenientes de un régimen como el venezolano, vinculado al crimen organizado y sin garantías mínimas de transparencia?”.
“Esto no es solo un error, es un grave incentivo para la migración irregular. Cuando el Gobierno dice que va a regularizar a quienes ingresaron de manera clandestina, lo que está haciendo es invitar a más personas a cruzar nuestras fronteras ilegalmente. Este mecanismo es ideológico, no práctico, y tendrá consecuencias graves para los servicios públicos y la seguridad de los chilenos”, añadió.
Asimismo, el escrito presentado a la Contraloría destaca que la política migratoria nacional busca evitar que se regularice a personas que ingresaron clandestinamente, dado que ello genera efectos indeseables como la saturación de los servicios públicos, el aumento del empleo informal y el riesgo de penetración del crimen organizado.
Finalmente, los diputados hicieron un llamado a la Contraloría para que revise los antecedentes y se pronuncie al respecto, frenando un mecanismo que consideran perjudicial para la seguridad y el bienestar del país.
