La llegada del obispo Chomali a Santiago ha significado un nuevo aire par la alicaída Iglesia Católica chilena y particularmente de su Conferencia Episcopal que ha tomado un nuevo aliento y busca insertarse como un actor político de relevancia.

El sitio de la Conferencia Episcopal (lugar de encuentro de los ‘príncipes de la Iglesia’ se refiere a la migración con un petitorio contundente a través de una carta del arzobispo de Concepción de Concepción, Sergio Pérez de Arce, quien además es el Secretario general Conferencia Episcopal de Chile. En el escrito pide: «a las autoridades y a otros actores políticos a favorecer estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de quienes no tienen problemas delictuales o penales».

Loable pedido de los señores obispos que opinan desde la comodidad de sus mullidas poltronas pero que  podrían ayudar efectivamente si, por ejemplo, destinaran algunos de los tantos conventos y casas parroquiales vacíos porque no hay frailes ni curas para transformarlos en casa de acogida para los  miles de migrantes y no seguir cargando todo al Estado, porque pedir es gratis  más cuando se esta en posociones privilegiadas como la que ostentan los llamados «Príncipes de la Iglesia».

El escrito del la Conferencia Espicopal

Se ha informado en estos días que el Gobierno estudia la posibilidad de llevar a cabo un proceso de regularización de extranjeros que se encuentran en Chile en situación irregular y que cumplen con requisitos de arraigo laboral o familiar en el país. Se ha hablado de una regularización acotada. También se ha informado de la oposición de algunos actores políticos a esta posible medida.

Los obispos de la Conferencia Episcopal nos hemos referido en diversas oportunidades a este tema y hemos llamado a las autoridades y a otros actores políticos a favorecer estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de quienes no tienen problemas delictuales o penales. Son más de 180.000 las personas que libremente entregaron sus datos en el empadronamiento biométrico realizado en los años 2023-2024 y muchos de ellos cuentan ya con vínculos familiares en el país, trabajan entre nosotros y estudian en nuestras escuelas. Por otra parte, son necesarios para el funcionamiento de la economía, porque constituyen una fuerza laboral que el país requiere.

Es difícil entender la porfía de algunos a negar la regularización. Mantener la irregularidad expone a las personas a condiciones abusivas y a más vulnerabilidad, porque no pueden celebrar contratos laborales o participar de la vida económica con total normalidad. Tampoco contribuye a la seguridad del país, porque para los climas de confianza y transparencia que necesitamos, es mejor un migrante regular que uno irregular, uno plenamente integrado que uno que se conoce a medias.

Hay razones humanas, familiares, económicas y sociales para justificar un proceso de regularización. Igualar sin más inmigrante irregular con delincuente es una falacia injusta y simplista, y proponer la expulsión como única solución posible ante 180.000 inmigrantes irregulares es irreal y muestra una incapacidad de la política para abordar una problemática social que afecta a una población que convive y trabaja cada día entre nosotros.

La Navidad es una buena oportunidad para renovar los esfuerzos por un país más justo e inclusivo, y una política más eficaz y menos de trinchera. Firma Sergio Pérez de Arce A.