El siguiente es un reportaje de la agencia de noticias de EEUU,The Associated Press (AP) y que da cuenta de una realidad brutal que afecta a Chile y que está destruyendo su imagen país:
Considerado uno de los países más seguros y estables de América Latina, la nación de unos 20 millones de habitantes había conseguido mantenerse relativamente aislada de la violencia que golpeaba a sus vecinos.
SANTIAGO (AP) — Era un sábado de verano y Agustina y su padre viajaban en automóvil luego de disfrutar de una tarde en familia. Pero todo cambió minutos después de que abandonaran la casa de los abuelos: en una intersección de Santiago el vehículo recibió al menos seis disparos que segaron la vida de la niña de 10 años.
El caso remeció a Chile en enero de 2024, más después de que las autoridades revelaron que el vehículo en el que viajaban había sido blanco de un sicario que equivocó su objetivo.
Agustina se convirtió en uno de los primeros rostros públicos de una ola de inseguridad sin precedentes que se encamina a dejar este año un número récord de menores víctimas de las bandas criminales —ya sea reclutados o muertos en el fuego cruzado—.
“A la niña me la mataron injustamente porque el tipo era un sicario que estaba contratado por un tipo que estaba en la cárcel y querían matar a otra persona”, rememoró en una entrevista con The Associated Press Camila Godoy, madre de la pequeña. “Lo que buscamos es justicia, porque en realidad cuesta un mundo tener justicia en este país y más ahora con la delincuencia desatada”.
Hasta la mitad de noviembre un total de 48 niños habían muerto por armas de fuego, seis más de lo registrado en todo 2023. La mayoría de ellos —un 85%— víctimas de disparos aleatorios, según un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez de Chile.
“Dichas cifras dan cuenta de una realidad muy preocupante, muy alarmante y que en definitiva demuestran que los indicadores en materia de violencia se han venido incrementando”, dijo a The Associated Press el defensor Anuar Quesille.
Pero el panorama cambió drásticamente en los últimos cinco años cuando el estallido social, la pandemia y el flujo migratorio abrió paso al crimen organizado y las bandas delictivas —un fenómeno que hasta entonces Chile había conseguido esquivar—. Los grupos criminales desataron una sangrienta pelea por dominar territorios y controlar el rentable negocio del tráfico de drogas, armas y personas.
“Chile no estaba preparado en ninguna de las esferas en las que uno esperaría que el Estado esté preparado: no estaba preparado desde el punto de vista institucional, ni del legislativo y tampoco estaba preparado desde el punto de vista de las respuestas a este tipo de fenómeno”, afirmó a AP Ignacio Castillo Val, director de la unidad especializada en crimen organizado de la fiscalía chilena.
No obstante, agregó, Chile “fue capaz de reaccionar de manera muy rápida” y adoptó una serie de medidas que incluyeron, entre otras, la reciente creación del Ministerio de Seguridad —que estará operativo en 2025—, el endurecimiento de penas y la aprobación de una controvertida ley antiterrorismo que pone la mira en las grandes figuras del crimen organizado.
Dichas medidas buscan plantarle cara no sólo a la escalada de la violencia sino también a su creciente gravedad y brutalidad en un país donde los secuestros, las amenazas y los homicidios se han vuelto cada vez más habituales.
