El mundo parlamentario de forma casi transversal ha estallado en molestia y cuestionamientos al por mayor tras develarse como será efectivamente el método de pago de las Isapres, para devolver a sus afiliados los cobros en exceso por sus planes de salud, según lo determinó la Ley Corta y el fallo de la Corte Suprema, pero esta «bronca» es a lo menos extraña ya que, son los propios parlamentarios, los que redactaron la Ley que hoy critican, un problema permanente en el Parlamento Chileno: LA MALA CALIDAD DE LAS LEYES. Este no es el primer caso de una mala ley porque los redactores sinplemente no las hacen o no saben o no leen lo que preparan sus equipos.
Ante plazos de hasta 13 años, esto es 156 cuotas, y pagos tan ridículos como de hasta $150 mensuales, diferentes personalidades dirigieron sus dardos en contra de quienes definieron y aprobaron la Ley Corta de Isapres, todo ello teniendo como telón de fondo en aquel momento una campaña para evitar la quiebra del sector privado, que podría repercutir enormemente en todo el sistema nacional de salud.
Lo irónico del caso es que senadores y diputados del más diverso pelaje, secta o partiducho (porque cada vez son mas pequños) se arrogan en estos días la representatividad de los usuarios afectados por una disposición ridícula en el marco del cuerpo legal aprobado, que estos mismos parlamentarios aprobaron en una jornada maratónica el pasado 13 de mayo.
Un ridículo juego de tirarse la pelota unos a otros, queriendo decir que «todos son culpables menos yo».
Recordemos que primero el Senado aprobó el informe de la comisión mixta de la Ley Corta de Isapres con 39 votos a favor, los votos en contra de Alfonso de Urresti, Karim Bianchi y Esteban Velásquez, y la abstención de Rojo Edwards y Juan Luis Castro.
Posteriormente, en la Cámara el informe recibió 122 a favor, 14 en contra y 10 abstenciones.
Entre los votos a favor encontramos algunos honorables que están ahora detrás de proyectos urgentes y consultas a entes estatales conocidos estos días para enfrentar el desaguisado, como Gael Yeomans, Héctor Ulloa o Carlos Bianchi. Otros han sido más sinceros en sus declaraciones (lo que no los exculpa para nada de votar a favor de tan nefasta medida) como el UDI Héctor Ulloa, quien aseguró que «nadie puede eludir responsabilidades».
Todo este escenario refleja no solo la pésima calidad de la legislación emanada de nuestro Congreso Nacional, sino también que los y las honorables junto con sus asesores pareciera que no leen lo que están votando en la realidad, o se escudan en la política del mal menor, donde para evitar trabar disposiciones beneficiosas terminan dando luz verde a otras claramente nefastas como la actual, con el agravante que al final, sea cual sea la causa de votar a favor de pésimos proyectos, terminan pisándose la cola y trabajando doble para arreglar el desastre que ellos mismos provocaron, con el evidente efecto desastroso para la ciudadanía.
Más patético aún es que, cual inquisición, muchos parlamentarios corren por cuanta cámara y micrófono encuentran disponible para elaborar largas listas de culpables entre sus propios pares de signo contrario, instituciones maléficas e, incluso, el Gobierno.
Este último también intenta caminar por la cornisa, buscando exculparse de responsabilidades. La propia ministra vocera, Camila Vallejo, culpó este martes a Chile Vamos y Demócratas de la desastrosa fijación de plazos de la Ley Corta, pero olvida cómo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendía antes de las votaciones del 13 de mayo la aprobación del proyecto en conjunto.
«Hoy confío que somos conscientes de la necesidad de este proyecto de ley. Algunos mantienen dudas o observaciones, pero nadie desconoce que el proyecto es necesario para asegurar la viabilidad del sistema de salud en su conjunto”, sostuvo en ese momento, agregando que «durante la tramitación de este proyecto, tanto el Ejecutivo como los expertos, hemos expuesto ante ustedes cuáles serían las consecuencias para el sistema de salud de implementarse las sentencias de la Corte Suprema sin las medidas contempladas en la iniciativa que hoy día votan».
En ese contexto, el senador Juan Luis Castro, que al menos ha sido de los pocos que han mantenido una postura crítica desde la época de la discusión parlamentaria del proyecto, fue tajante en señalar que «ayer escuché a la vocera, y hay minutas circulando del gobierno, diciendo que esto es culpa del Congreso. Cuidado. Ahí yo levanto la voz, porque digo ‘momentito, aquí fue el Gobierno el que en un minuto pidió y exigió a sus parlamentarios respaldar’ (…) Hoy el Gobierno tiene que deshacer lo mismo que se hizo”.
Agregando que también el Congreso debe no solo deshacer lo que aprobó con escaso cuidado y nulo control de calidad, sino que también empezar a revisar la forma en que al Parlamento llegue gente que sepa cómo elaborar y analizar un proyecto de ley, sino que también sepa tener concentración y comprensión lectora, ingredientes mínimos para que no se vuelva a repetir una vergüenza como la actual. Algo que debemos resignarnos a sufrir, lamentablemente, al menos en el corto y mediano plazo. Por algo sigue siendo una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía.
