La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este jueves que el Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar la situación migratoria de un grupo de extranjeros que están en Chile en situación irregular empadronados en el proceso que inició en 2018 el Servicio Nacional de Migraciones, y que cumplan ciertos requisitos.
Ante este anuncio, surgieron fuertes críticas desde la oposición ante el anuncio.
La medida fue adelantada ayer por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, en el foro sobre Refugiados Cartagena +40, al señalar que «el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y los criterios de tener arraigo familiar o laboral en nuestro país”.
Esta jornada, la titular de Interior aclaró que si bien no todos los migrantes que se empadronaron en el Servicio Nacional de Migraciones entre 2018 y 2024 serán regularizados, sí dijo que una condición necesaria para optar a un proceso de regularización en Chile sería el haberse, precisamente, empadronado.
“El empadronamiento no implica regularización, pero cualquier regularización va a concentrarse sólo en las personas empadronadas, o sea, no va a haber proceso de regularización a personas que no estén empadronadas, o sea, no va a haber proceso de regularización a personas que no estén empadronadas”, recalcó la autoridad.
Duras críticas desde la oposición
Las críticas partieron desde Renovación Nacional, que ya había condenado con fuerza la implementación del catastro biométrico en 2023, advirtiendo entonces que el Gobierno abría la puerta a un eventual perdonazo habían advertido que el Gobierno buscaba instaurar una regularización disfrazada de migrantes ilegales.
En esta ocasión, el diputado Andrés Longton acusó que ahora «el Gobierno está a pocos días de realizar el perdonazo más grande en la historia de nuestro país respecto a migrantes que ilegalmente traspasaron nuestras fronteras y que hoy día viven en Chile. Más de 180.000 ha empadronado este gobierno y que está listo para poder regularizar. Eso tendría graves consecuencias, provocando un efecto de llamada masiva para venir a nuestro país de manera impune, como ha ocurrido en los últimos años«, añadiendo luego que «esperamos que el gobierno dé marcha atrás, porque las consecuencias que vivimos producto de la migración irregular o ilegal son desastrosas para Chile. Y si toman una medida en esa línea, esto se va a seguir profundizando, castigando a quienes cumplen con la ley y premiando a quienes las incumplen”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro fue más enfático, al señalar que «con la mantención de Maduro, las fronteras están completamente abiertas en Chile, sin que sea declarado como delito el ingreso clandestino a nuestro país, más la llegada de Trump, lo que se espera es una oleada tremenda de migrantes ilegales. Y este Gobierno que es lo que hace, empieza a esbozar una especie de perdonazo general».
Castro también alertó sobre las posibles consecuencias del plan del Ejecutivo: “Podrían llegar a ser más de 182 mil personas las que sean regularizadas, simplemente por haberse incluido dentro de la biometría. Hay que pensar que esto es un llamado a contratar de forma irregular a las personas«.
El parlamentario del Partido Republicano, Luis Sánchez, en tanto, aseguró que esto «es una irresponsabilidad grosera de este gobierno frente a la situación que estamos viviendo hoy (…) hay familias chilenas que deben pasar calvarios, esperar meses por una atención de salud porque los centros de salud están colapsados, en buena parte, por los extranjeros que están en las listas de espera».
«Es criminal lo que el gobierno está haciendo, llenarnos de extranjeros, muchos de ellos que tienen una situación económica de precariedad total, para que los más pobres de nuestro país no tengan acceso a casi ningún beneficio público. Es irresponsable y una cachetada en la cara a los más pobres», agregó.
Desde la UDI, el diputado Juan Manuel Fuenzalida calificó como inaceptable el anuncio, recalcando que este es «un gobierno que pretende dar un perdonazo y no establece condiciones para controlar la frontera. Mientras esta frontera siga siendo un colador, no puede regularizar, no puede dar señales equívocas respecto de que se puede llegar y entrar a Chile. Me parece una pésima decisión».
Recordó que en la ley de Presupuesto se aprobó una norma que obliga al Gobierno a presentar un proyecto de ley sobre esta materia. «El Gobierno lo impugnó en el Tribunal Constitucional y nosotros presentaremos un téngase presente para hacer frente a esta situación que entre gallos y medianoche nos enteramos de que quieren hacer este perdonazo».
