Una investigación de largo aliento que lideró la Fiscalía del Tamarugal junto a la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), permitió la identificación y detención de un grupo de carabineros que cobraban dineros a transportistas bolivianos que circulaban por la ruta 5 Norte y la ruta 15 CH, que une a Huara con Colchane, para no realizar los procedimientos policiales que correspondían, ya sea por infracciones de tránsito o ante eventuales delitos.

“Esta investigación se inició por la información entregada por personal de la propia Dirección de Asuntos Internos de Carabineros de Chile a fines del año 2022, con quienes la Fiscalía de Pozo Almonte inició una causa para identificar a los funcionarios que, en el ejercicio de sus labores diarias, solicitaban dineros a choferes extranjeros que circulaban por rutas de la provincia del Tamarugal, esto con el fin de dejarlos circular sin adoptar los procedimientos policiales correspondientes. Es así como ayer se detuvo a cinco carabineros, quienes fueron formalizados el día de hoy por el delito de cohecho reiterado solicitando el Ministerio Público la prisión preventiva de todos ellos”, explicó la Fiscal Regional Trinidad Steinert.

En la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, explicó que en la investigación se realizaron diversas diligencias como seguimientos, fotografías, videos e interceptaciones de comunicaciones, estableciéndose que la conducta de cobrar dinero a los choferes bolivianos era habitual entre los imputados, principalmente a choferes de buses y de camiones bolivianos cargados con cigarros o vehículos.

Luego de recibir el dinero -que oscilaba entre 20 y 50 mil pesos, ya sea en pesos chilenos, dólares o bolivianos-, los imputados procedían a dividirlo entre los funcionarios que formaban parte de la patrulla.

El fiscal agregó que uno de los imputados, en enero de este año, vistiendo uniforme institucional, además sustrajo mercadería comestible desde un minimarket de Alto Hospicio avaluada en $27 mil, indicando que se le había quedado la billetera y que volvería a pagar, situación que nunca ocurrió.

La Fiscalía formalizó a todos los imputados -quienes tenían los grados de sargento y cabo– por el delito reiterado de cohecho y a uno de ellos también por el delito de hurto, solicitando su prisión preventiva por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Solicitud que fue acogida por el juzgado de garantía de Pozo Almonte, fijando un plazo de investigación de 150 días.