Los diputados RN, Ximena Ossandón, Hugo Rey y Andrés Celis, oficiaron a la Contraloría solicitando una exhaustiva auditoría a los recursos públicos transferidos durante este año desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) a la Corporación “XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023”.

El requerimiento surge ante cuestionamientos por el uso de fondos públicos destinados a la Corporación, cuyo objetivo principal era organizar y desarrollar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, y que, tras la culminación del evento, continuó recibiendo financiamiento público para rendir cuentas y proceder a su cierre definitivo.

Los parlamentarios han expresado su preocupación por la asignación de cuantiosos recursos fiscales, destacando que en la Ley de Presupuestos de 2024 se destinaron más de $16 mil millones para esta finalidad, y en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2025 se contemplan recursos adicionales. Sin embargo, observan incongruencias en la utilización de estos fondos, especialmente en la contratación de personal con altos sueldos.

Entre los casos que han llamado la atención se encuentra el del Director de Comunicaciones y Comunidades, Felipe Bianchi, quien percibió una remuneración mensual que fluctuó entre $6.8 millones y $8.3 millones, pese a que la Corporación ya no desarrolla actividades comunicativas. Asimismo, el Director Ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls, recibe un sueldo superior a $8 millones.

“La rendición de cuentas no puede convertirse en una excusa para extender de forma indefinida el uso de recursos públicos. Es inconcebible que se destinen estos montos a remuneraciones que no se justifican en función de los objetivos actuales de la Corporación”, señaló la diputada Ossandón.

Rey agregó que “no se entiende cómo, a más de un año de finalizado el evento, la Corporación continúa utilizando recursos fiscales sin una justificación clara y eficiente. Estos fondos debieran ser utilizados con máxima transparencia y priorizando las verdaderas necesidades del país, no para abultar remuneraciones de ejecutivos”.

Por su parte, Andrés Celis subrayó que “el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos no está siendo respetado. Hemos detectado una falta de criterio al priorizar contrataciones que no son esenciales para el objetivo de cerrar la Corporación y rendir cuentas. Esto debe ser investigado a fondo”.

El oficio también denuncia posibles ineficiencias en la administración de los fondos, indicando que la Corporación prioriza la contratación de profesionales en áreas no pertinentes para el cumplimiento de su objetivo actual, que es la rendición de cuentas. Por ello, los parlamentarios han solicitado a la Contraloría que investigue y audite las transferencias y el uso de estos recursos, así como la contratación de personal, instando a tomar las medidas necesarias ante posibles irregularidades.

“Es fundamental velar por la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos fiscales, especialmente cuando estos provienen del bolsillo de todos los chilenos”, concluyeron.