La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto de ley de reajuste salarial para el sector público, el cual otorga un incremento total de 4,9% para los trabajadores, el que se pagará en tres etapas.

De esta forma, los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024 para luego, realizar nuevas alzas a contar del 1 de enero y 1 junio de 2025. Estas serán de un 1,2% y 0,64%, respectivamente. Con ello se completa el mencionado 4,9% total.

El proyecto contempla, además, el pago de un aguinaldo de navidad, que será de $68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2024, sea igual o inferior a $1.025.622. Para quienes perciban una remuneración líquida que supere tal cantidad en esa misma fecha, el monto será de $36.427.

Similar aumento beneficiará también a funcionarios, directivos y asistentes de la educación de la Junji vía VTF, traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública o dependientes de municipalidades o corporaciones municipales, así como para las y los asistentes de la educación pública.

La iniciativa incluye el aguinaldo de fiestas patrias, así como los tradicionales aguinaldos de navidad y de septiembre del sector pasivo. También, los bonos de escolaridad y vacaciones, los que se reajustarán vía IPC. Todos estos beneficios se incorporan desde este año con carácter de permanente, ya que, hasta hoy, se incluían, año a año, en cada proyecto de reajuste.

El proyecto, que también contempla un bono de invierno para las y los jubilados, incluye una serie de aspectos misceláneos que deben entrar en vigencia al 31 de diciembre próximo. De ellos destacan el aporte para los servicios de bienestar, aporte a las universidades, beneficios de incentivos al retiro de los funcionarios públicos, perfeccionamientos de normas al teletrabajo, modificación de la planta de Gendarmería, entrega de un bono para personal de Carabineros y una asignación de estímulo en materia de salud.

El proyecto, en general, se respaldó tras dos votaciones. Luego, en particular, se apoyó el resto del articulado prácticamente en los mismos términos que lo propuesto por el Ejecutivo. De hecho, se aprobó una indicación que repuso una norma relacionada a bosque nativo incorporada en los acápites misceláneos del proyecto, que había sido rechazado previamente en la Comisión de Hacienda.

La salvedad estuvo en dos cambios. Uno de ellos incorporó una norma relacionada a la facultad que se entrega a los jefes de servicios para autorizar teletrabajo para funcionarios/as. Al respecto, se indica que se concederá, preferentemente, a quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de catorce años o adolescente menor de 18 años con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, por sobre otros funcionarios sin tales obligaciones.

La segunda modificación fue la eliminación de una norma que fijaba un periodo para el cumplimiento de obligaciones pendientes con trabajadores traspasados desde el sistema municipalizado a los servicios locales de educación.

En términos de cifras. el reajuste aprobado beneficiará a 930.918 funcionarios. Respecto al sector pasivo, sus beneficios llegarán a 1.833.234 personas.

Según consta en el informe financiero, el costo que importará la ejecución de este proyecto es de $357.182 millones el año 2024; de $2.016.914 millones el año 2025; y de $1.892.800 millones, en régimen.

El mayor gasto que implica la normativa se imputará al subtítulo 21 de los respectivos presupuestos y a reasignaciones presupuestarias. En lo que falte, se financiará con transferencias del Tesoro Público.

Durante el debate, gran parte de las declaraciones fueron en apoyo del proyecto de ley. Se reconoció la labor pública y se valoró que el Gobierno y los trabajadores llegaran a un acuerdo en torno al reajuste propiamente tal, que permite no solo la recuperación del poder adquisitivo, sino, también, tener un aumento real de las remuneraciones.

Por otra parte, se valoró que se incluyeran otros acuerdos, por ejemplo, en materia de incentivos al retiro, aguinaldos y bonos. En este marco hubo una mención especial a la incorporación de una asignación especial para Carabineros de Chile. Se llamó a extenderla también a la PDI. De igual modo, se pidió entregar un aporte permanente a las viudas e hijos/as de mártires de dichas instituciones.

Otras demandas

Otro punto de atención fue la paralización de Tesorería, respecto de la cual se pidió concretar la mesa de trabajo comprometida. Igualmente, se requirió responder a las aspiraciones de los trabajadores del Prodesal; enfrentar los despidos en las universidades regionales; y perfeccionar la aplicación de la norma de teletrabajo.

Asimismo, se instó al Gobierno a acoger y dar urgencia al proyecto (en trámite en la Comisión de Trabajo) que regula el tema de la “confianza legítima”. Sobre el punto, se relevó la importancia de definir por ley el tema y no dejarlo a criterio de una u otra administración, evitando, así, despidos como los que hoy están ocurriendo tras el dictamen de la Contraloría.

También, varios se refirieron a situaciones específicas de sus respectivas regiones. Entre ellas, estuvieron la homologación de las condiciones entre las provincias de Palena y de Chiloé, respecto del bono de zona extrema; requerir un aumento del personal público en Ñuble; e implementar un seguro de vida para funcionarios en La Araucanía.

Algunos, en particular en la bancada republicana, criticaron el reajuste. En esa línea, estimaron negativo dar esta señal hacia el sector privado que no goza del mismo privilegio. Se refutó un gasto tan relevante para el Estado en un periodo de contracción económica y se llamó a disminuir el aparataje público.

Reajuste y visión del Ejecutivo

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relevó que este es el tercer año que se presenta un reajuste con acuerdo con la Mesa del Sector Público. Además del guarismo, valoró la incorporación de dos conquistas de los trabajadores: la fijación en la ley de los aguinaldos y bonos de vacaciones y escolaridad; y hacer permanente la norma de incentivo al retiro.

También resaltó que se defina un límite de edad en los 75 años para la función pública y la extensión de la autorización al teletrabajo. Paralelamente, valoró la meta de reducir el ausentismo en el sector público. Anticipó, asimismo, que el bono para Carabineros entregado en esta ley es un paso transitorio hacia una norma definitiva. El caso de la PDI, en tanto, se abordará en propuestas legislativas particulares. En la misma línea, se estudiará una fórmula para abordar la situación de las viudas de mártires.

Junto con ello, destacó que, como Gobierno, se harán cargo del tema de la confianza legítima. Adelantó que, incluso, se presentará una iniciativa que avanzará en “justicia laboral” en el sector público.