La bancada de diputados RN, que lideran Ximena Ossandón y Hugo Rey, solicitó formalmente a la contralora, Dorothy Pérez, que fiscalice el uso de recursos públicos en la reciente actividad “Comité Político Ampliado”, realizada el pasado 30 de octubre en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo y que fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

Los legisladores de derecha apuntan al evento que reunió a altos funcionarios del Ejecutivo, así como a presidentes de partidos oficialistas, parlamentarios y alcaldes, y que “culminó en un asado que se prolongó hasta la madrugada del jueves 31”, como afirmó el diputado Tomás Hirsch y reportaron medios de comunicación.

En este contexto, los RN cuestionaron el que una instancia gubernamental oficial puede transformarse en una actividad de camaradería en medio de las urgencias que enfrenta el país.

“El Presidente pide a sus Ministros trabajar por el gobierno, pero mientras todos los chilenos se preparan para ir a trabajar, él dispone del Palacio de Cerro Castillo como quincho para actividades de camaradería”, señaló la jefa de bancada RN.

Los parlamentarios afirman que la actividad es imprudente frente a la crisis que vive el país, pero además debe ser investigada, porque no puede ni debe ser financiada con fondos públicos.

“Es dable ante aquello preguntarse de qué manera una actividad oficial del Gobierno y del Gabinete, que involucra además a otros funcionarios públicos y representantes de la ciudadanía de nivel parlamentario y comunal, puede devenir en una actividad social o de camaradería, como un asado, atendidas las urgencias que la propia Administración debe atender” destacan Ossandón y Rey en el oficio.

El documento subraya la importancia de fiscalizar si “la manutención, alimentación y gastos de funcionamiento del Palacio Presidencial situado en Viña del Mar”, financiados con recursos públicos, fueron empleados correctamente en esta actividad. Además, recalca la preocupación por el uso de “vehículos fiscales junto a sus comitivas, asesores o escoltas” para el traslado de los asistentes al evento.

De esta manera, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría ejercer su función fiscalizadora conforme al artículo 98 de la Constitución y a los artículos 1, 6 y 7 de la Ley N°10.336, que facultan a este organismo para «investigar la correcta utilización de los recursos fiscales en este tipo de eventos«.