Una crítica situación carcelaria en Chile denunció el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Ignacio Videla, durante su intervención en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia en que evidenció que no están ni las más mínimas condiciones para que los funcionarios ejecuten su labor de una forma más profesional.
Precisó que hay personal que lleva 20 años en un mismo grado; funcionarios que no tienen uniforme ni la logística adecuada y están sometidos a sobrecarga laboral, porque la planta alcanza a 20 mil, entre uniformados y no uniformados, profesionales, técnicos y administrativos que deben atender una población penal que los triplica, bordeando los 60 mil.
“Estamos en alerta, como gendarmes, toda vez que no están las condiciones mínimas para ejecutar nuestro trabajo. Ni siquiera contamos con carros para ejecutar los movimientos que nos exigen los tribunales de justicia y los chalecos de seguridad tanto balístico como anti puñal, están caducados y la munición también caduca”, alertó Videla.
El dirigente nacional también enfatizó que existe una gran preocupación en su institución, porque los gobiernos de estos últimos años han estado implementando algunas medidas de parche, a través de una ley corta que mejora las condiciones para el personal de forma momentánea y no de fondo.
“Requerimos una medida estructural; una carrera que hasta el momento no se ha desarrollado. Yo no sé si llegan o no llegan los recursos, pero en la evidencia, en el trabajo a diario que nosotros desarrollamos no se perciben que haya mejoras sustanciales y estamos en un lugar que no nos da dignidad, pese a que nos exigen dar dignidad a la población penal”, remarcó el dirigente.
Agregó que en la actualidad forman parte una mesa de negociación con el Ministerio de Justicia hace más de diez meses, pero ha sido un diálogo sin resultados. “Estamos trabajando dos funcionarios de Gendarmería con 400 a 600 internos por módulo y unidades penales diseñadas para 1600 y 1700 internos, hoy la triplican a cargo de los mismos dos funcionarios”.
Sostuvo que en la región Arica y Parinacota, a través de la Oficina Interna de Seguridad (OSI) se ha podido recabar la información de que existen 290 reos, entre hombres y mujeres pertenecientes a 131 bandas de crimen organizado como “Los Gallegos”; los “Del Coro”; la “Banda del Fentanilo”; el Clan del Golfo, cuyos criminales no tienen respeto por la vida.
“Son bandas criminales que amenazan a nuestro personal en la Unidades Penales lo amenazan, lo amedrentan y les hacen seguimiento a sus familias. Esto es insostenible y lamentablemente, las autoridades que nos administran, son indolentes al sistema, porque no viven el día a día nuestro, lo cual nos tiene en desazón y sentimiento de abandono, en general”, señaló el dirigente gremial.
Aclaró que, pese a que los personeros gubernamentales ven esta situación como un problema lejano, “es una problemática que afecta a todos, porque las interacciones que se dan en las cárceles es el fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad, por lo mismo, estamos con la camiseta puesta, contribuyendo a la seguridad pública, con el poco recurso que nos llega, pero merecemos respeto y que nos mejoren las condiciones laborales como funcionarios del Estado”.
Tras la exposición en que se escucharon también carencias de uniformes y de material de oficina, entre otras, la Comisión de Seguridad acordó oficiar al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para saber cuál ha sido el presupuesto invertido en personal y en equipamiento en los últimos años para determinar si se ha incrementado para atender los requerimientos del personal como también conocer en qué va la carrera funcionaria.
El senador UDI, José Miguel Durana, quien gestionó la exposición del dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), lamentó la dramática situación que viven los funcionarios de Gendarmería que claman por una carrera funcionaria digna y un trato decente, considerando que son un eslabón importante en la cadena de seguridad del país.
