La sala de la Cámara respaldó el informe de la comisión investigadora sobre servicio militar, especialmente el caso del conscripto Franco Vargas por 74 votos a favor del texto, 14 en contra y 31 abstenciones, apuntando responsabilidades al Estado y a los mandos de la “Brigada N° 24 Huamachuco”.

El análisis tuvo un foco especial en el caso de los ejercicios militares realizados en la comuna de Putre, el 27 de abril de 2024, en donde tuvo como lamentable resultado la muerte del conscripto Vargas.

La investigación se originó en dos solicitudes, aprobadas el 15 y 29 de mayo, las que se fusionaron en una instancia que presidió el diputado Luis Malla (PL), quien relató los alcances de las indagatorias y las propuestas para mejorar el sistema de instrucción y conscripción.

El texto sostiene que el Estado de Chile tiene responsabilidad política respecto a sus actuaciones en el resguardo de quienes realizan el servicio militar. Se estima que la tardía aplicación del protocolo de Minnesota, que tiene por finalidad proteger el derecho a la vida, deja en evidencia que quienes estando al cuidado del Estado sufrieron la vulneración de sus derechos.

En todo caso, la principal queja se dirige a los mandos que tenían a su resguardo a los conscriptos de la Brigada N°24 Huamachuco. “No entregaron ni la información correcta ni dieron las facilidades para la investigación en un primer momento, actuando con total negligencia”, se sentencia.

El informe también observó inconsistencias en las versiones entregadas por el Ejército, planteando que “aquello sólo puede ser atribuido a información errónea, incompleta o falsa aportada por los subordinados a los altos mandos, así como al poder civil”.

Evidencia de malos tratos en el servicio militar

Además, se expuso que, a partir de lo expuesto por los distintos invitados y los antecedentes revisados, hay evidencia de “malos tratos a los que habrían sido sometidos los conscriptos en los ejercicios militares de Pacollo, la falta de acceso a un bien humano básico, como el agua potable, así como conductas negligentes graves en la reacción frente a la situación médica de urgencia que presentó el conscripto Franco Vargas, que terminó con su lamentable fallecimiento”.

En tal plano, se considera importante que el Estado despliegue un plan de reparación integral a los conscriptos que fueron afectados. Así, por ejemplo, se sugiere prestaciones económicas y de salud para quienes realizan el servicio militar. También capacitación y reinserción laboral; acompañamiento psicológico y de salud mental, entre otras.

El informe, igualmente, da cuenta de precarias condiciones sanitarias y de higiene del centro de entrenamiento en Pacollo. En este marco, se llama a revisar este y otros recintos militares del país y que se corrijan sus condiciones, de no ser las adecuadas.

Otros aspectos detectados son ausencia de protocolos y falta de transparencia en la entrega de información. Igualmente, evaluaciones médicas muy acotadas en el contexto del servicio militar, donde se consideran, por ejemplo, las circunstancias geográficas y climatológicas que enfrentarán los conscriptos. Junto a lo anterior, se insta a mejorar los protocolos de vacunación e impulsar una adecuada preparación de los instructores a cargo de los conscriptos.

En el texto, de igual modo, se insta a modernizar y adecuar a las condiciones actuales las bases de conscripción para el servicio militar.