La bancada RN, encabezada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, pidieron a la contralora Dorothy Pérez, que se pronuncie sobre la legalidad de una Feria Navideña en el Estado Nacional que realizará el Gobierno y cuya adjudicación por $428.300.129 se hizo a través de trato directo.
Exponen en el documento ingresado a la Contraloría General, que el proveedor Onelevenpro Spa -asignado con trato directo el 29 de octubre del año en curso- registra en su historial solo “adjudicaciones por parte de la Presidencia de la República y dentro de la actual Administración de Gobierno”.
La fundamentación entregada por la Analista de Compras del Departamento de Abastecimiento, es que tras revisarse el portal de Mercado Público, “se constató que los servicios requeridos no se encuentran en Convenio Marco”, agregando en la resolución respectiva que entregó la realización del evento a la Onelevenpro Spa, “que conforme a los servicios requeridos se enmarcan dentro de una actividad oficial de S.E. el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, el costo de dicha contrataciones corresponderá imputarlo a gastos de representación, protocolo y ceremonial, de conformidad a las instrucciones para la ejecución del presupuesto de la Presidencia (…) configurándose de esta forma la causal de trato directo establecida en la letra b) del N°7 del artículo 10 del Decreto Supremo N°250, de 2004 del Ministerio de Hacienda”.
Argumentos que a juicio de los jefes de la bancada de diputados de RN, representan “un subterfugio legal con el propósito de eludir la realización de una licitación pública”.
En el documento también se anexan cuadros comparativos en que se señala que en los años anteriores, para similar actividad de fin de año, “éstas han sido efectuadas durante el mes de diciembre y no con la anticipación con la cual se ha efectuado en esta oportunidad”. Por lo que se contaba en esta oportunidad con tiempo necesario para haber realizado una licitación pública, a lo menos con los proveedores que llevaron adelante la festividad en 2022 ($381.669.729) y 2023 ($360.000.000).
Recordándoles, además, que la ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, establece en su artículo 5° que “toda contratación que supere las 1.000 UTM (unos $66.5 millones) debe (…) realizarse mediante licitación pública”.
Por estos argumentos, los parlamentarios de RN afirman que existe “una infracción a la probidad administrativa de conformidad con lo señalado en el numeral 7) del artículo 62 de la ley N°18.575, al dilatar la decisión de licitar, sabiendo a lo menos el mes del año (diciembre) en donde se efectúa la festividad”.
Y, por lo tanto, solicitan a la Contralora que “requiera la información necesaria tanto de la Directora Administrativa de la Presidencia de la República, doña Antonia Valentina Rozas Fiabane y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad”.
Además, de ser necesario, que se instruya un sumario administrativo para aclarar y determinar la legitimidad del accionar, aplicando de ser necesario, sanciones a los responsables.
