La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este jueves un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y cinco de sus altos directivos de estas empresas por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo.

“Esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”, señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi US$ 36,8 millones). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa.

El cartel

En su acusación, la FNE sostiene que las empresas requeridas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia.

Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia realizada por la SCJ a comienzos de febrero de 2022, el acuerdo se materializó a través de reuniones y contactos que mantuvieron permanentemente Wilhelm, Comber e Imschenetzky entre mayo de 2021 y agosto de 2022. También intervinieron Fischer, quien, como presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados para la ejecución del acuerdo, y Tessada, quien realizó actos que facilitaron la coordinación anticompetitiva.

La evidencia muestra que, en la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron constantes comunicaciones entre estos directivos, las que se tornaron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos.

Entre las diligencias realizadas por la FNE, que permitieron acreditar el cartel, se encuentran las medidas de entrada, registro e incautación realizadas el 2 de agosto del 2022 junto a personal del grupo O.S.9 de Carabineros de Chile en los domicilios de Wilhelm, Comber e Imchenetzky. Ese mismo día, Marina del Sol solicitó un indicador de postulación al programa de delación compensada.

Según cálculos realizados por la FNE, las ofertas realizadas por Dreams, Enjoy y Marina del Sol en el marco de este acuerdo representaron un porcentaje extremadamente bajo de los ingresos brutos que las compañías percibieron por concepto de juegos.

Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Mostazal, Rinconada de los Andes y Talcahuano (principales casinos de las requeridas) sus ofertas económicas fueron inferiores al 1% de sus ingresos brutos del juego promedio de 2018-2019, lo que contrasta con el anterior proceso licitatorio convocado por la SCJ del 2018, donde, si bien fueron licitadas otras plazas, las ofertas equivalían en promedio a porcentajes muy superiores al 20% de los ingresos brutos del juego promedio anuales de las empresas.

Las sanciones

Las sanciones solicitadas por la FNE para los requeridos son las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión, superando ampliamente las multas pedidas en los casos “Pollos” (110.000 UTA) y “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones” (90.000 UTA, en cada uno de ellos).

“Las multas consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados. Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se reestablezca la competencia en esta industria”, afirmó el Fiscal.

En el requerimiento, la FNE explica que la magnitud de la multa solicitada al TDLC se debe a la gravedad de la conducta ejecutada, la afectación de licitaciones públicas, el poder de mercado de las empresas requeridas, la participación de altos directivos en el acuerdo, la conciencia que tenían de la ilicitud de su comportamiento (usaron nombres en clave, sostuvieron reuniones clandestinas, borraron evidencia de teléfonos móviles y utilizaron mensajería de duración temporal) y la extensión o duración del daño causado.

En este sentido, cabe mencionar que entre 2017 y 2023 Dreams, Enjoy y Marina del Sol concentraron 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile (que en promedio alcanzó $ 400 mil millones brutos anuales) y que en conjunto son titulares de un 70% de los permisos para operar este tipo de establecimientos en el país.