La bancada RN ingresó una solicitud para constituir una Comisión Investigadora con el objeto de reunir información sobre las irregularidades detectadas en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) y la administración de recursos públicos por parte de la Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC).
Esta solicitud surge a raíz del informe de la Contraloría General de la República que detectó graves falencias en el control y manejo de fondos públicos. Entre los hallazgos más preocupantes, destaca que Cordesan no cuenta con un sistema de rendición de cuentas electrónico adecuado, utilizando planillas Excel con vulnerabilidades que permiten la alteración de datos sin registro de modificaciones. Además, se identificaron gastos sin respaldo, duplicación de facturas y pagos de indemnizaciones no contempladas en contratos.
Según el informe de la Contraloría, la Municipalidad de Santiago transfirió $8.762.928.000 a Cordesan durante el año 2023, cifra que no fue registrada en el sistema oficial, lo que evidencia una falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. “Esta situación no solo vulnera la probidad administrativa, sino que plantea serias dudas sobre la correcta fiscalización del municipio”, señalaron desde la bancada RN.
Asimismo, la bancada expresó su preocupación por la suscripción del convenio para el año 2024 por $7.350.000.000, a pesar que las rendiciones de cuentas de los años anteriores aún están pendientes de revisión.
“Es fundamental que se investigue a fondo el uso de estos recursos. La falta de transparencia por parte del municipio y de CORDESAN es inaceptable. Debemos velar por la correcta utilización del dinero de todos los chilenos”, señalan los parlamentarios de derecha.
Igualmente, la bancada hace un llamado urgente a esclarecer los hechos, especialmente tras la revelación de un reportaje de Canal 13, en el que se expusieron obstáculos para acceder a la información pública y se destaparon posibles vínculos entre contratistas beneficiados y militantes del Partido Comunista.
“Hay una millonaria cifra de dinero cuestionada y un accionar críptico por parte del municipio que obligan a todos los órganos del Estado a indagar la situación, de manera de revelar las responsabilidades que existen detrás de los hechos denunciados, y si su naturaleza alcanza lo penal”, señalan los diputados.
A juicio de los parlamentarios, los antecedentes deben ser conocidos por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, ya que hay hechos que parecen revestir caracteres de delito.
Cabe destacar que la Comisión Investigadora contará con un plazo de 60 días para reunir los antecedentes necesarios y determinar las responsabilidades correspondientes.
