El gobierno de Bolivia dispuso el despliegue de al menos mil militares en diversos pasos fronterizos en el marco del Plan Soberanía, para fortalecer el control y la lucha contra el contrabando de alimentos a países vecinos, según dio a conocer el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez.
Según detalló la la Agencia Boliviana de Información (ABI), la medida está amparada en el decreto 5245 aprobado el pasado miércoles, para poner en marcha las iniciativas que ayudarán en el control del traslado y comercialización de alimentos en las fronteras. Todo se enmarca en la Ley 100 de 2011 que, además, establece como un delito el traslado de alimentos y lo sanciona con una pena privativa de libertad de entre 10 y 14 años.
“El despliegue estratégico es parte de la activación del Plan Soberanía que lo operativizan las Fuerzas Armadas, y está integrado por los diferentes Comandos Estratégicos Operacionales”, explicó Velásquez desde el centro de monitorio del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria.
En estas acciones intervendrán el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) Chichas, ubicado en Tupiza, en la frontera con Argentina; el CEO Chaco en Tarija; el CEO Plata, que está en el departamento de Santa Cruz; el CEO Mamoré, en Beni; y el CEO Amazonas, en Pando.
En conjunto se movilizarán “una cantidad aproximada de 1.000 militares”, detalló el viceministro.
Las operaciones se realizarán en tres campos: frontera, en las zonas que vinculan al país con Perú, Chile, Argentina y Brasil; en los puntos aduaneros, donde también intervendrá personal de la Aduana; y en los mercados de los diferentes departamentos donde operará el Comité de Seguridad Alimentaria.
Mientras el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, destacó la importancia de la aprobación del decreto, porque penaliza el traslado de alimentos del país a otras naciones.
“Esto implica ya un delito que está penado de 10 a 14 años de cárcel. Entonces, esta norma ya va a instrumentar todo y vamos a lograr estabilizar los precios en el mercado local”, afirmó y explicó que el contrabando a la inversa se da, justamente, porque los productos nacionales tienen un mayor costo en los países vecinos.
Como parte de los controles, el decreto crea un registro de proveedores únicos que abarcará a los agentes económicos que ya están transitando y comerciando en las áreas fronterizas, pero no a “gente nueva, aventurera y contrabandista que quiera aprovechar esta coyuntura de precios para generar ganancias ilícitas”.
Además, se establecerá un certificado de abastecimiento interno en zonas fronterizas y una factura especial para las áreas fronterizas.
Con esto “vamos a evitar que las grandes cantidades de alimentos que han venido saliendo del país -en desmedro de nuestra población y beneficio de poblaciones de otros países- se limiten y anulen”, anunció.
En la última semana, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando decomisó productos alimenticios que iban a ser vendidos ilegalmente en Perú por un valor de 2,5 millones bolivianos, equivalentes alrededor de 357 mil dólares al tipo de cambio oficial.
