El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) solicitó este martes aplicar las máximas multas que llegan hasta las 2.250 UTM (más de $145 millones de pesos) al empresario y comunicador, Omar Gárate, por comercializar las cápsulas “Moringa Ancestral” atribuyéndole propiedades “milagrosas” sin poder acreditarlas empíricamente.
La acción nace luego de que Sernac detectara una serie de infracciones por parte de esta empresa, por ejemplo, en relación al derecho a una información veraz y oportuna, que toma mayor relevancia al tratarse de publicidad, que en este caso, induce a error o engaño a las y los consumidores.
Lo anterior, ya que Moringa Ancestral se comercializa como un producto natural que «sana más de 300 enfermedades» y que no contaría con contraindicaciones médicas, según el proveedor. Sin embargo, la empresa no logró entregar antecedentes suficientes, tras un oficio emanado desde el servicio, para verificar estas propiedades, argumentando que lo publicitado fue elaborado solamente a raíz de publicaciones que fueron encontradas en diversos sitios web.
En este sentido, se detectó también que la empresa no cumplió con la obligación de comprobabilidad, ya que, la normativa apunta a que las descripciones que se le atribuyen a los productos que se comercializan en el mercado, deben estar siempre sustentadas con hechos, datos o pruebas empíricas suficientes e idóneas.
Es así como el Sernac se encontró ante un producto farmacéutico, al que, el proveedor, que en este caso es Omar Garate, le atribuyó propiedades terapéuticas sin sustento científico, engañando a las y los consumidores que adquirieron la «Moringa Ancestral«. Por todo lo anterior, se presentó una denuncia infraccional ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Estación Central, con el objetivo de que se puedan aplicar todas las sanciones correspondientes a la empresa Garate SA.
Sanciones que arriesga la empresa
En este caso, y al tratarse de publicidad engañosa, el Sernac solicitó la aplicación de máximas multas que llegan hasta las 2.250 UTM, es decir, más de $145 millones, ya que también estarían implicando daños a la salud de las personas consumidoras. Además, para que una empresa sea sancionada por esto, no es necesario que las y los consumidores hayan adquirido el producto, ya que lo que se sanciona es la acción misma de difusión de actos que revistan dichas características.
En este mismo sentido, se solicitó al proveedor el cese de la publicidad relativa al producto antes mencionado, cuestión que también fue solicitada por el Instituto de Salud Pública (ISP).
