El Congreso de México declaró constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que impulsa la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La enmienda constitucional, aprobada el miércoles por la mayoría oficialista de izquierda en el Senado, necesitaba también ser avalada por al menos 17 parlamentos regionales antes de ser sancionada por el mandatario.

«Ya aprobados 18 (estados), o sea que ya es legal«, dijo López Obrador en rueda de prensa. Es la iniciativa que más rápido cumple ese requisito desde una reforma energética aprobada en 2013, destacaron medios locales.

El mandatario añadió que esperará a que finalice el trámite en las 32 entidades para firmar el texto, que luego deberá ser reglamentado por el Congreso federal mediante leyes secundarias.

La elección por voto directo de todos los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, permitirá, según López Obrador, limpiar de corrupción al Poder Judicial y dará «ejemplo» al mundo.

El presidente, cuya popularidad supera 70%, acusa al máximo tribunal de favorecer a políticos corruptos, al crimen organizado y de ser la trinchera de la oposición.

Pero magistrados del Supremo, Estados Unidos y una relatoría de la ONU advierten que el voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves en un comunicado su «grave preocupación» por el impacto de la norma en la independencia judicial y el Estado de derecho.

La elección de cerca de 7.000 jueces y magistrados, incluidos unos 1.600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Podrán postular los actuales jueces. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.

Déficit de jueces

López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda en el marco de su enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas que ampliaban la participación estatal en el sector eléctrico y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.

Sheinbaum, elegida por abrumadora mayoría el 2 de junio, advirtió este jueves que sería «ilegal» que la corte intente frenarla mediante amparos.

El alto tribunal resolvió también reanudar sus actividades, suspendidas en respaldo a una huelga de empleados judiciales que aún se mantiene.

La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según cifras oficiales que dan cuenta de un rezago de 47.000 expedientes ante el déficit de jueces (4,4 por cada 100.000 habitantes).

Oenegés como Impunidad Cero critican que la normativa no toca a fiscalías y policías, a las que también señalan de corrupción y de baja capacidad investigativa.

(France 24)