La diputada independiente-PPD, Camila Musante, solicitó este lunes la ampliación de la querella por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, a propósito del Caso Audio y los chats del abogado Luis Hermosilla con ministros de la Corte Suprema, pidiendo que sea el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien encabece la indagatoria en la causa.
Al respecto, la parlamentaria declaró que “estamos en presencia del caso de corrupción en el Poder Judicial más grande que ha visto la historia de nuestro país. Y a propósito de los últimos antecedentes que involucran a la ministra Vivanco con el caso bieloruso, evidentemente acá hay otros delitos, no solamente estamos hablando de tráfico de influencias, también de prevaricación, también de lo que establece el Artículo 225 del Código Penal sobre filtraciones, a propósito de un juicio que pueda favorecer a una parte u otra”.
En esa línea, se cuestionó “¿A quién está respondiendo hoy la justicia? ¿Ante quién responden los ministros de la Corte Suprema? Es una pregunta que nos hacemos y por eso es que presentamos esta querella por el delito de tráfico de influencias que se va a ampliar a estos otros que he hecho mención”.
“También venimos a hacer el llamado a la Fiscalía, de quienes vemos una inacción que traba este proceso, y que realmente ha significado un entorpecimiento para avanzar el proceso penal”, agregó.
Sobre esto último, señaló que “el sistema indica que es la Fiscalía Centro Norte quien tiene adjudicada esta causa. Sin embargo, los fiscales nos dicen que no podemos reunirnos aún con ellos, que no podemos realizar diligencias de la investigación porque se va a nombrar a un fiscal regional a cargo de esta causa”.
“Ya ha pasado un mes desde que se declaró admisible nuestra querella por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial y todavía no solamente vemos que no avanzan las diligencias de la investigación, la inacción de parte de la Fiscalía, que ponen trabas para avanzar en el proceso penal, sino que la realidad en nuestro país es que no existe ningún solo ministro de la Corte Suprema involucrado en el Caso Audio que esté formalizado”, sostuvo.
Considerando lo anterior, afirmó que “cuando los chilenos se preguntan si existen dos clases de justicia, claro que sí. Porque si estuviésemos ante un chileno común y corriente, que no tiene un cargo como ministro de la Corte Suprema, esto habría avanzado con otra celeridad, con otra rapidez, no con lo que tenemos hoy: ningún ministro respondiendo por lo delitos que pueden haber cometido en el ejercicio de su cargo por los delitos que les encargaba cometer el actualmente formalizado, el padrino, el señor Hermosilla, quien pedía que integrarán salas, que pedía que ayudarán a sus clientes. Eso es gravísimo, y por eso queremos reparar esta situación”.
Por este motivo, “hacemos un llamado al fiscal nacional, quien está al tanto de este proceso, a que sea la Fiscalía Nacional la protagonista de esta causa. Si queremos, de una vez por todas, garantizar la independencia del Poder Judicial, el fiscal nacional tiene que encabezar esta investigación”.
Asimismo, sostuvo “no podemos estar a la espera de un mes para que la Fiscalía se decida sobre quién va a ser el fiscal quién va a estar a cargo. Eso, en buen chileno, es trancar la pelota. Y nosotros queremos que esta causa avance con toda la rapidez que se merece para garantizar la independencia en nuestro país”.
Por lo tanto, explicó que “lo que venimos a hacer es reiterar las diligencias que ya hemos solicitado. Reiterar, y esto el llamado es a la Fiscalía Nacional, a que le ponga urgencia a esta causa por el delito de tráfico de influencias, y que queremos que se amplíen a otros delitos cómo la prevaricación que es torcida a la administración de justicia, o cómo los que están establecidos en el Artículo 225 y siguientes del Código Penal”.
Por otra parte, afirmó que “los últimos antecedentes que han salido a la luz respecto a la ministra Vivanco son gravísimos, pero acá hay muchos otros más involucrados. Y en eso el Congreso no puede esperar”.
“Hoy se van a ingresar cuatro acusaciones constitucionales por los ministros Vivanco, Matus, Muñoz, y que yo espero que avancen con toda rapidez. Pero no nos podemos olvidar que la comisión de delitos tiene una responsabilidad penal y en eso queremos que los ministros de la Suprema respondan ante la justicia cómo responden todos los chilenos. Y la Fiscalía tiene que mostrar un interés nacional”, concluyó.
