El diputado RN, Frank Sauerbaum, integrante de la comisión de Hacienda, manifestó su inquietud por la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo (CAF) en cuanto a “hacer un esfuerzo para que el gasto público no crezca en promedio más que 1,6% entre 2025 y 2028 para cumplir la regla fiscal”.
Lo anterior porque el 30 de septiembre es la fecha límite que tiene el Gobierno para presentar el Presupuesto 2025 y en los días posteriores, en tanto, se espera el anunciado proyecto de ley que plantearía un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, poniendo así fin al llamado Crédito con Aval del Estado (CAE).
El parlamentario de derecha explicó que en su Balance Estructural el CFA mostró “la estrechez que presentan las finanzas públicas. Las propias estimaciones de la DIPRES plantean que, para dar cumplimiento a las metas, el gasto fiscal en el mediano plazo solo podría crecer, en promedio, 1,6% anual”.
Sauerbaum se refirió a las metas de convergencia y aseguró que “resulta especialmente desafiante en vista de las presiones sobre el alcance que tendría el efecto en el gasto de una eventual condonación del CAE; los compromisos fiscales emanados de la reforma de pensiones; los subsidios a las tarifas eléctricas, entre otros”.
A lo anterior se suma la evidente disminución de los ingresos que en comparación con 2023 han caído 3,7%. Para cumplir las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, los ingresos deberán crecer más de un 20% en lo que queda del año para alcanzar las estimaciones. Lo que constituye un significativo riesgo de incumplimiento de la meta de Balance Estructural definida por el gobierno para el año de -1,9% del PIB, la que se estima alcanzará un déficit estructural de 2,2% para 2024.
Ante el sombrío panorama, Sauerbaum precisó que “el gasto no debería crecer por sobre el 2% en línea con las recomendaciones técnicas. Si bien para el 2025 se esperan mayores ingresos estructurales producto del precio del cobre, y la implementación del Proyecto de Cumplimiento Tributario, a simple vista, parece a lo menos riesgoso, comprometer un mayor gasto con un supuesto de crecimiento que no recoja el debilitamiento de la base de recaudación que han mostrado los ingresos el presente año 2024”.
El legislador también hace ver que según el Ejecutivo, las holguras para el periodo comprendido entre 2026 y 2028 acumularían una escuálida suma de US$4.058 millones. Cabe recordar que condonar el CAE significa poco más de US$11 mil millones, un 3,7% del PIB. Y por lo mismo “solicitaremos conocer el impacto sobre las finanzas públicas (…) y su registro como gasto público”, sentenció.
Por eso el parlamentario afirma que debe ser prioritario poner en el centro de la discusión del Presupuesto la situación del mediano plazo: “Las estrechas holguras fiscales marcarán tensión para el financiamiento de nuevas iniciativas de una próxima administración. En línea con la experiencia de la discusión del presupuesto 2024, esperamos una solicitud detallada de endeudamiento para 2025. Es prioritario retomar una estrategia de recomposición de los ahorros fiscales, además de impulsar medidas de austeridad y contención con efecto permanente en el gasto público”.
Finalmente, expuso que existen programas públicos donde la propia DIPRES “ha declarado que hay US$40.000 millones programas mal evaluados (…) debemos avanzar en transferencias monetarias que simplifiquen la administración de la política social en reemplazo de ciertos programas sociales. Considerando por un lado los desafíos existentes para abordar dicho camino, así como la oportunidad que se presentaría para hacer frente a la fragmentación de la oferta pública, resulta necesario a priori contar con información que permita, como punto de partida, unificar datos para elaborar propuestas en la materia. El Presupuesto 2025 puede ser una oportunidad para contar con más información vinculada a obtener datos y generar propuestas al efecto”.
