La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 77 votos a favor, 8 en contra y 29 abstenciones, el proyecto que aprueba el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) y el Acuerdo Interino de Comercio entre Chile y la Unión Europea (UE), con sus anexos, apéndices, protocolos, notas y declaraciones, suscritos en Bruselas, Bélgica, el 13 de diciembre de 2023.

Este nuevo documento, indica el mensaje del Ejecutivo, marca un hito significativo en las relaciones comerciales y diplomáticas con la UE, a partir de actualizar el acuerdo de 2002, para abordar desafíos globales como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica.

En tal plano, este refuerza la relación de más de 60 años entre Chile y la Unión Europea, lo cual incluye un diálogo político ampliado y una cooperación más estrecha en valores compartidos como la democracia y los derechos humanos.

El acuerdo, despachado al Senado para su segundo trámite, consta de un marco avanzado y un acuerdo interino comercial, este último ya aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeo.

En este ámbito, se establece la participación de grupos consultivos internos compuestos por una representación equilibrada de organizaciones independientes de la sociedad civil, y se contempla un foro permanente para el diálogo sobre la implementación del Acuerdo.

Además, se moderniza el actual acuerdo de Asociación Chile-UE, para expandir el porcentaje de productos cubiertos por alguna rebaja arancelaria -por parte de la Unión Europea- desde un 94,7% a un 99,6% de las líneas arancelarias, lo que representa casi el total de las exportaciones chilenas a la Unión Europea.

El Acuerdo incorpora capítulos sobre comercio digital, energía y materias primas, modernizando así la relación comercial entre ambas partes y fortaleciendo las cadenas de valor en sectores estratégicos.

Finalmente, la modernización del acuerdo de inversiones aseguraría un marco más equilibrado de protección para las inversiones. Y, establece un tribunal bilateral permanente para resolver controversias, lo que contribuye a promover la seguridad jurídica y el desarrollo económico sostenible en ambos territorios.