La defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó este martes la recusación del juez de garantía, Daniel Urrutia, quien ordenó el allanamiento de su vivienda la noche del lunes y desde donde fueron incautados distintos dispositivos electrónicos.

Recordar que anoche, personal del OS7 de Carabineros allanó la vivienda de Vivanco en la comuna de Las Condes requisando un computador de su hija abogada y un celular, todo en el marco de la investigación de la arista “Trama Bielorrusa” del Caso Hermosilla por los presuntos delitos de tráfico de influencia, negociación incompatible y cohecho.

A raíz de esto, la defensa de la ministra pidió decretar la inhabilidad del polémico juez, quien ordenó el allanamiento que iba acompañado de una orden de descerrajar la vivienda si estaba cerrada y porque el magistrado es un activo usuario de las redes sociales por medio de una serie de retuit en X deslizando una posición favorable a la remoción de Vivanco.

De acuerdo a lo que consigna La Tercera, el recurso de recusación fue firmado por el abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, indica que Urrutia mantiene “enemistad, resentimiento u odio” hacia ministra, agregando que “se solicita la recusación del magistrado ya individualizado en razón de la causal N°16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que establece las causales de recusación y dispone: ‘Son causas de recusación: tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida imparcialidad”.

“Urrutia ha expresado en reiteradas ocasiones su opinión en redes sociales sobre el asunto pendiente. Involucrándose a tal punto, que el señor magistrado incluso ha llegado a liderar manifestaciones y a exigir sanciones en contra de mi representada. Esta conducta representa una evidente falta de imparcialidad, más aun cuando es el mismo juez quien posteriormente debe dictar resoluciones en un proceso que afecta los derechos y garantías constitucionales de la Sra. Vivanco”, menciona.

En tanto, el abogado a cargo de la defensa administrativa de Vivanco, Cristóbal Osorio, señaló a La Segunda que “acá está en juego el derecho a la defensa. Para ejercerlo, es preciso saber en qué documentos y testimonios se basan las acusaciones, para responder a ellas”.

“En tal sentido, este procedimiento debe dar el ejemplo de una justicia que se ejerce en Derecho y no bajo las pulsaciones de la opinión pública. No pedimos nada extraordinario Acá hay dos procesos paralelos: el de la Comisión de Ética y la solicitud de remoción. El proceso de remoción tenía seis cargos, de los cuales dos de ellos fueron investigados por la Comisión de Ética, la cual ha recibido documentos y testimonios de los que no se nos quiere dar copia”, afirma.

Osorio sostuvo que “solo nos dan copia parcial de algunas declaraciones. Por otro lado, nos entregan un informe de la Comisión de Ética que son análisis y conclusiones, sin citas o menciones a las declaraciones de testigos y sin firma”.

“Por qué negar un expediente si supuestamente son evidentes las infracciones de la ministra? (…) esconder pruebas a un inculpado no pasa ningún estándar de transparencia”, añade.