Chile Vamos ingresó esta jornada la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco (suspendida de sus funciones) y Sergio Muñoz, libelo que será informado esta tarde en la sesión que realizará la Cámara.

La presentación de la AC fue hecha por los jefes de bancada de RN, Ximena Ossandón; de la UDI, Gustavo Benavente; y Jorge Guzmán de Evópoli, junto a los diputados Frank Sauerbaum (RN), Daniel Lilayu (IND. UDI), Hugo Rey (RN), Flor Weisse (UDI), Hotuiti Teao (Ind. Evópoli), Mauro González (RN), Jorge Rathgeb (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI).

De esta forma, en 48 páginas las bancadas de RN, UDI y Evópoli dan cuenta de los argumentos para la acción en contra de los supremos que están siendo acusados por notable abandono de deberes.

En el caso de Vivanco, el documento alude a las comunicaciones y actuaciones de la abogada reveladas en el marco del caso denominado “audios” con Luis Hermosilla, precisando que éstas “conculcan de manera seria y grave importantes principios y deberes que rigen el actuar de los integrantes del Poder Judicial, en particular, de los magistrados de sus tribunales superiores. Todas ocurrieron en ejercicio de la alta magistratura que la sra. Vivanco desempeña”.

Los legisladores de derecha sostienen que ante lo revelado públicamente por los whatsApp entre Hermosilla y Vivanco, se indica que el 9 de septiembre, la Suprema “inició un proceso de remoción de la Ministra Ángela Vivanco, de conformidad con la atribución prevista en el inciso tercero del artículo 80 de la Constitución Política de la República, dando paso a la remoción a la tramitación del denominado cuaderno de remoción” de la magistrado.

En el documento acusatorio, se destaca que el cuaderno de remoción informa “una serie de 6 hechos en particular que constituyen el sustento fáctico en virtud del cual la máxima instancia judicial conoce y resuelve la eventual destitución de la Ministra”. Hechos que pasaron a ser 8 según informó el 16 de septiembre la Corte Suprema.

Así, los diputados precisan que ante los hechos conocidos que dieron “pie a la suspensión de la Sra. Ángela Vivanco, así como ante su eventual remoción del cargo que detenta, ha incurrido la ministra en dos ilícitos constitucionales que configuran la causal de notable abandono de deberes”.

Y exponen los ilícitos: “La ejecución de conductas que afectaron gravemente la imparcialidad e independencia con que debía obrar como Jueza en determinadas causas puestas bajo su conocimiento (…) y la materialización de actuaciones e injerencias indebidas en el contexto de procesos de designación de determinados cargos públicos con el objeto de beneficiar a terceros”.

Agregando luego que “la acusación se materializa respecto de la transgresión injustificada o incluso derechamente intencionada de importantes deberes que la Sra. Vivanco debió observar en calidad de magistrada de un tribunal superior de justicia, lo que ocasionó un agravio relevante a la función y al rol judicial que desempeña, así como a la judicatura toda”.

Vivanco, según el libelo, “efectuó inferencias indebidas o impropias en la más reciente designación del Fiscal Nacional” -a favor del fiscal regional Carlos Palma, contenidas en las comunicaciones incautadas a Luis Hermosilla. También se detallan las intervenciones en las designaciones de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Concón, situación que se extiende, incluso, en su “interés activo por injerir en distintos nombramientos de funcionarios, auxiliares de la Administración de Justicia y jueces, lo que gestionaba y canalizaba con distintos vínculos, tal como consta en las profusas conversaciones vía WhatsApp con el abogado Hermosilla”.

En cuanto a la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, se detalla en el primer capítulo que “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.

Especificándose luego que Muñoz “comenta el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo con una finalidad patrimonial en una descendiente directa”, agregando que el magistrado “conoció y falló una causa en donde existía un deber evidente de inhabilitarse dado el interés patrimonial de su hija”.

Se destaca, además, que el 23 de julio se presentó una denuncia en contra del magistrado ante la comisión de Ética de la Corte Suprema, “por la filtración de información confidencial y la anticipación de una fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, la juez titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia”.

Por último, se hace notar que el patrimonio inmobiliario de la jueza Muñoz, según su declaración de intereses y patrimonio, pasó de 7 inmuebles en abril de 2017, a 24 inmuebles en junio de 2024.

La jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, dijo que se trata de “un libelo con dos acusados porque existe solo una causa, que es el notable abandono de deberes. Esto tiene varias virtudes. Primero que todo, va a existir una sola votación, una sola comisión, que va a ver las dos causas, así que vamos a estar ahorrando también tiempo legislativo. Y también porque sentimos que es una forma para votar en contra de aquellas personas, independiente del sector que ellos supuestamente tengan más cercanía, que no estén haciendo bien su trabajo en el sistema judicial”.

En tanto, el jefe bancada UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que “todos los antecedentes que hemos tenido a la vista justificaban la presentación de una acusación constitucional en contra de estos dos ministros de la Corte Suprema. Los hechos que se han descritos son absolutamente graves, dañan la fe pública y atentan contra la credibilidad de todo el sistema de justicia, que es fundamental para una democracia como la nuestra”.

“Por eso es que decidimos presentar estas acciones en contra de los ministros Muñoz y Vivanco, porque queremos que la ciudadanía vea que este tipo de situaciones, asociadas al tráfico de influencia, no tienen cabida en nuestro país y merecen ser sancionadas como corresponden”, añadió.

A su vez, el jefe de bancada Evópoli, Jorge Guzmán, mencionó que “desde Chile Vamos tenemos el compromiso de garantizar la transparencia, independencia, integridad y autonomía del Poder Judicial. Los hechos acontecidos respecto del juez Sergio Muñoz y también de la jueza Ángela Vivanco nos obligan a ejercer nuestro rol fiscalizador en virtud de lo que nos faculta la Constitución para acusar constitucionalmente a los ministros por el incumplimiento de deberes, en este caso los deberes de prioridad, transparencia e independencia”.

“Esperamos que el Congreso acompañe estas acusaciones constitucionales y sean removidos de sus cargos justamente por faltar a los deberes de prioridad, transparencia e independencia del Poder Judicial”, finalizó Guzmán.