Durante la mañana de hoy fueron expulsados del país 44 extranjeros, de los cuales 24 corresponden a temas judiciales y 20 a administrativas dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Todos los inmigrantes fueron enviados en un avión de la FACh a Colombia, Bolivia y Ecuador.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, las expulsiones son hacia personas que representan una amenaza para la seguridad del país y que han cometido diversos delitos como homicidio, abuso sexual, robo con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa, porte ilegal de armas, entre otros.

Durante este año se han expulsado del país a 768 personas principalmente en vuelos charters y vuelos comerciales, de los cuales 433 corresponden a expulsiones administrativas, cifra superior al total de expulsiones anuales de los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023; a su vez, en lo que va de año se han materializado 335 expulsiones judiciales.

Según explican, la cantidad de expulsiones judiciales se ha reducido respecto a años anteriores debido al cambio en la legislación vigente, que desde 2022 impide acceder a la pena sustitutiva de expulsión a personas condenadas por delitos asociados al tráfico de drogas.

Por tal motivo, el Gobierno presentó un proyecto de ley para expulsar a las personas condenadas por este delito y reducir el hacinamiento en las cárceles, criticando de paso a la oposición en el Senado que se opone a aprobarlo.

El director del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, destacó que el servicio está realizando los esfuerzos necesarios para reforzar la normativa de expulsiones y crear mecanismos de control para aquellas personas que están con orden de expulsión vigente.

Thayer dijo que “a la fecha, las expulsiones administrativas, que son las decretadas por SERMIG, ya alcanzan las 433. Esto representa un número superior a las expulsiones administrativas de los últimos cuatro años y refleja el compromiso de este Servicio por expulsar a aquellas personas que representan una amenaza para la seguridad del país”.

“Ahora tenemos el desafío de avanzar en la legislación sobre las expulsiones judiciales, ya que actualmente no es posible expulsar a personas condenadas por delitos de tráfico de drogas. Esta situación ha implicado una disminución significativa de este tipo de expulsiones y, al mismo tiempo, ha agravado el problema de hacinamiento en nuestras cárceles”, remató.