- Mesa técnica convocada por la Corte Suprema, a petición del principal gremio de jueces y secretarios de abogados del país, busca establecer que “el voto obligatorio sea realmente efectivo”.
Con el objetivo de explorar fórmulas que permitan modificar el sistema de sanciones de las denuncias que el Servicio Electoral ingresó, respecto de los votantes que no sufragaron en los distintos plebiscitos de los dos procesos constitucionales, esta semana el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, recibió a representantes del Servel, del Instituto Nacional de Jueces de los Juzgados de Policía Local (INJPL) y del Colegio de Secretarios Abogados con quienes se acordaron “mínimos comunes” para dar solución a esta problemática.
En una primera audiencia, que se extendió por más de una hora, tanto los JPL como el Servel destacaron el encuentro que permita que el voto obligatorio sea efectivo con otro tipo de sanciones.
Al respecto, la presidenta del INJPL, Carola Quezada, señaló que “establecimos acuerdos en el sentido de que creemos que la mejor forma de solucionar esto es en sede legislativa, a través de un establecimiento de un voto que sea sancionado en sede administrativa y no en sede judicial, obviamente con un sistema de reclamación”.
“Establecimos también algunos mínimos comunes en relación a las notificaciones, a la forma de informar en los procesos que nosotros estamos conociendo, entendiendo que eso es importantísimo para la democracia del país, para que realmente este voto obligatorio tenga una eficacia y que las personas obviamente que no concurran a votar tengan una sanción por ese motivo y que de esa forma logremos la mayor participación posible en los distintos procesos eleccionarios”.
En la misma línea, Raúl García, director del Servel, relevó el encuentro precisando que “tanto los Juzgados de Policía Local como el Servicio Electoral manifestaron las situaciones que estamos enfrentando y creo que llegamos a un buen acuerdo de seguir conversando con los JPL de manera conjunta, coordinada, de tal manera de tener soluciones adecuadas para estos procesos que son muy voluminosos y muy importantes”.
Finalmente, Quezada puntualizó que estas diferencias deben ser solucionadas a través de una reforma legislativa, por lo mismo, concurrirán al Congreso, donde se están discutiendo los cambios a la Ley 18.700.
“Creemos que la forma actual en que se está sancionando esto pone en riesgo el voto obligatorio. No es efectivo, no es eficiente. Entonces creo que hay que buscar soluciones que permitan que el voto obligatorio realmente sea efectivo, con otro tipo de sanciones que no digan relación con las reclusiones, por ejemplo, sino que digan relación con descuentos de las devoluciones de impuestos o con la imposibilidad de salir del país o con la posibilidad de no renovar cierta documentación ante el no cumplimiento de esta obligación que tenemos todos los ciudadanos”, concluyó.
