El ministro de Justicia, Luis Cordero, conversó con la revista especializada Justice Trends en donde abordó el avance de los servicios penitenciarios chilenos a través de reformas estratégicas, en donde apuntó al plan de infraestructura, reinserción y el uso que debiese darse a la cárcel en nuestro país.

Respecto del plan de infraestructura carcelaria pensada a largo plazo, el jefe de cartera se refirió al complemento que en su desarrollo debe llevar aparejado, y el que consiste en adaptar también las políticas penitenciarias y de ejecución de penas para abordar los problemas que presenta el crimen organizado en la actualidad.

Atendido lo primero, Cordero destacó que “en Chile, el modelo de participación público-privada se caracteriza por la construcción y explotación de servicios complementarios de la prisión por manos de privados, mientras que la seguridad y la reinserción están a cargo del Estado”.

“Aproximadamente el 38% de las personas privadas de libertad se encuentra en establecimientos de administración público-privada”, agregó.

Como ya se ha señalado en ocasiones anteriores, el titular de Justicia volvió a relevar el que ninguna política penitenciara de largo plazo puede sostenerse solamente pensando en el aumento de plazas.

En este sentido indicó que “nuestro enfoque se centra en administrar la sobrepoblación, a la vez que modernizamos las infraestructuras penitenciarias, con un plan maestro, pero teniendo en consideración el uso racional de la cárcel”.

A su vez recordó el problema que significa para el país y para la lucha en contra del crimen organizado el hacinamiento en términos generales, indicando que “es fundamental entender que el uso excesivo de la cárcel puede, a largo plazo, beneficiar a las organizaciones criminales, toda vez que los centros penitenciarios se pueden convertir en espacios de reclutamiento si no se aplican políticas adecuadas de segregación y reinserción”.