Por: Cristóbal Sepúlveda Académico Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, UDLA, Sede Concepción.
Las familias enfrentan numerosos desafíos cuando uno de sus miembros tiene una situación de discapacidad, y estos, no solo se insertan en un contexto de exclusión social.
A las diversas emociones que experimentan, también se suma un factor determinante: los elevados costos económicos. Entre los gastos se incluyen tratamientos de rehabilitación prolongados, adaptación de la infraestructura del hogar, adquisición de tecnologías, compra constante de medicamentos específicos, y la limitación para que algunos miembros accedan al mercado laboral debido a la necesidad de cuidar a la persona que está en esta condición, quien a su vez también enfrenta dificultades para obtener empleo.
Estas costas adicionales generan desigualdades económicas para aquellos núcleos familiares que tienen bajo su cuidado y responsabilidad a una persona en situación de discapacidad, las cuales se intentan mitigar a través de redes de apoyo social, subsidios y ayudas estatales, aunque, claramente, estos esfuerzos son insuficientes.
Resulta necesario entonces que el Estado intervenga mediante la creación de nuevos planes y programas que respondan a estas demandas, bajo los principios de equidad y justicia social consagrados en los derechos humanos.
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