El integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Alejandro Kusanovic (RN), pidió este viernes que el proyecto que dispone la exigencia del documento de identidad y medidas de resguardo para el transporte terrestre interregional de pasajeros, sea ampliado al marítimo y aéreo ante la llegada a regiones de delincuentes.

“Considerando la crisis que atraviesa el país, la iniciativa debería ser más integral e incluir el transporte interprovincial marítimo y aéreo. En Punta Arenas han llegado muchos delincuentes por vía aérea y nadie chequea de manera preventiva la lista de pasajeros, esto es una vergüenza, ya que estamos frente a una de las mayores crisis de seguridad en el país y los fenómenos delictivos han mutado a delitos mucho más graves”, dijo el parlamentario.

En ese contexto, el legislador de derecha explicó que “debe actuar DIRECTEMAR y chequear la lista de los barcos y barcazas, sobre todo en la zona sur del país y la DGAC debe revisar y chequear los listados de pasajeros que se trasladan por el aire”.

Precisó que “si bien estas instituciones no tienen grado de policía, tienen funciones policiales y las deben ejercer, especialmente para prevenir el traslado de delincuentes”.

Asimismo, propuso extender las medidas planteadas, no solo para viajes a otras regiones, sino que también “a los traslados interprovinciales ya que, por ejemplo, en Magallanes las provincias son tan extensas en kilómetros que en otras partes equivale en distancia como si fuera a trasladarse a otra región”.

También llamó a facilitar el trabajo de las policías “para capturar a prófugos o prevenir delitos y ayudando a su investigación, permitiendo conocer la ubicación de imputados con órdenes de detención o de quienes incumplan medidas cautelares, de manera de tratar de ponerle un coto a la delincuencia, pues hoy en día viajan los delincuentes por Chile como Pedro por su casa”.

Qué propone el proyecto

El proyecto, presentado por los senadores Manuel José Ossandón, Paulina Núñez, Juan Castro Prieto, José Miguel Durana e Iván Flores busca, en cinco artículos, generar medidas de seguridad para dar protección de personas usuarias de transporte terrestre interregional.

Entre otras medidas, plantea que las personas jurídicas y empresas que presten servicios de transporte terrestre interregional de pasajeros, deberán exigir la cédula nacional de identidad o pasaporte vigente, del o los pasajeros correspondientes a cada boleto o pasaje; que antes de abordar éstos deberán exhibir su cédula de identidad o pasaporte vigente que acredite su identificación.

Además, las empresas tendrán que informar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, la lista de pasajeros; y adoptar las medidas para proteger su integridad física y psíquica, estableciendo que aquel que no presente su documento de identidad vigente, no podrá abordar el transporte y se expondrá a sanciones de entre 10 a 20 UTM. En tanto, las empresas que incumplan cualquiera de las obligaciones fijadas por la norma serán sancionadas con una multa de entre 20 y 100 UTM mensuales.