El senador RN, Francisco Chahuán, solicitó al Gobierno a apurar la instalación de los inhibidores de señal en todas las cárceles del país de manera de limitar la ocurrencia y seguidilla de estafas telefónicas, “cuentos del tío” y delitos que se estaban generando desde los recintos penitenciarios, a lo que se suman las peticiones de agrupaciones de víctimas, parlamentarios y diversas autoridades.

Chahuán recordó que el 21 de julio del 2016 presentó un proyecto de acuerdo en el que solicitaba a los Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones dictar un reglamento que inhibiera las señales telefónicas al interior de las prisiones y que el 2021, la propia Subsecretaría de Prevención del Delito elaboró un informe que establecía el considerable aumento de extorsión, tráfico de drogas, estafas y otros delitos cometidos con la coordinación de bandas organizadas al interior de los penales del país.

En esa fecha, ya se anunciaba la intervención de seis de estos establecimientos: Acha en Arica, Huachalalume en La Serena, la cárcel de Valparaíso; Santiago I, Colina I y Colina II en la Región Metropolitana.

No obstante, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoció en estos días que terminó la fase de instalación de inhibidores en tres cárceles de Chile, lo que a juicio del senador RN “es demasiado lento”.

“Si se hubieran instalado cuando lo pedimos, más de la mitad de las estafas y delitos cibernéticos se podría haber evitado. El actuar lento de varios gobiernos ha sido el responsable que miles de familias chilenas hayan sido víctimas. Decir que tres cárceles en Chile están comenzando a instalar inhibidores, parece de verdad una burla. Se deben instalar en todas las cárceles y con mucha mayor premura porque la tecnología existe y se requiere mucho más sentido de urgencia”, aseguró el senador de derecha.

Por último, Chahuán dijo no compartir las advertencias expresadas por el ministro Cordero, sobre que la presencia de inhibidores podría provocar un clima adverso y cambios de conducta entre los internos, indicando que la principal preocupación debe ser proteger a las familias y a las potenciales víctimas de estafas o delitos provocados desde el interior de las cárceles y no si la medida afecta o no a los delincuentes.