Tras los reclamos hechos por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por la decisión de la fiscalía de impedir que viajará a Venezuela a un congreso internacional, lo que consideró como “inconstitucional” al no estar formalizado en el Caso Farmacias Populares, el Gobierno de desentendió del berrinche de la autoridad comunal y respaldó el accionar del ente persecutor.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al tema y aseguró que “los antecedentes que tengo yo son los mismos que tiene todo el público. Entiendo que es una llamada telefónica que realiza la fiscal (Giovanna Herrera) al abogado del alcalde Jadue (Ramón Sepúlveda)”.

“Yo creo que pocas personas tienen ese gesto. Entiendo que dada la conversación que tuvieron, el alcalde toma la decisión de retirarse del aeropuerto (…) yo lo entiendo como un gesto de deferencia, para que el alcalde tomara voluntariamente la decisión de continuar con su viaje o abandonar el lugar”, mencionó.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que “no nos ponemos en una posición difícil, porque tenemos muy claro que aquí las cosas operaron como corresponde, y que no hubo ningún actor político que interviniera en este proceso”, en referencia a que si este tema pone en problemas al Gobierno con su aliado el PC.

“Esta es una alarma que, de acuerdo a cómo está el protocolo en estos casos, tiene que entregar la Policía de Investigaciones cuando hay un paso a través de Policía Internacional”, explicó la secretaria de Estado.

Agregó que “la Policía de Investigaciones le hace llegar esto a la fiscal que está a cargo del caso, y ella toma una decisión, de acuerdo a lo que le parece conveniente para el proceso”.

En ese sentido, precisó que “el Gobierno no interviene en ningún momento y no le corresponde juzgar, sino respetar la labor que hace la Fiscalía y las policías en esta materia”.