En relación a las declaraciones recientes sobre el denominado «Criterio Tohá» para la salida de funcionarios públicos que sean formalizados, la bancada de diputados RN expresó su preocupación por la posible aplicación en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya que existe una imposibilidad jurídica.
A través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, los parlamentarios de derecha, encabezada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, destacaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública, pero también enfatizaron la necesidad de respetar los derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia, subrayando que la formalización en sede penal es un acto garantista que no debe ser utilizado como justificación para destituir a funcionarios públicos sin un proceso justo y racional.
Además, hacen hincapié en la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, y reconocen las particularidades de ciertos cargos, como el de General Director de Carabineros, que requieren un proceso específico de destitución de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
“En efecto, quien es objeto de una formalización permanece empapado de la presunción de inocencia, conforme a la cual se le debe considerar exento de responsabilidad hasta que una condena firme disponga lo contrario”, indica el escrito al mandatario.
Sin desmedro de aquello, los parlamentarios coinciden con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el propio Presidente “en relación con este estándar en tanto -entendemos- busca resguardar el respeto al principio de probidad de la función pública”, sin embargo, apuntan a algunos puntos para evitar un “ejercicio abusivo y ajeno al marco constitucional del mencionado criterio”.
Algunas de las precisiones que realizan los parlamentarios es que por ejemplo, el criterio estándar debe ser aplicado a funcionarios de exclusiva confianza cuya permanencia en el cargo depende exclusivamente de la voluntad del Jefe de Estado.
“Parece inconveniente que sin un proceso racional y justo que derive en la destitución, se ponga fin a la carrera de funcionarios públicos que eventualmente pueden resultar exonerados de los cargos formulados o informados en el marco de la audiencia de formalización”, señalan.
Además, para los parlamentarios resulta “absolutamente necesario” que la aplicación de la regla sea sin excepciones y, por lo tanto, en la medida que se formalicen cargos en contra de sujetos tan sensibles para la función gubernamental, como el jefe de asesores de la Presidencia o la Directora de Presupuesto, estos corran la misma suerte, esto es, sean inmediatamente despojados de sus cargos.
Apoyo al General Director de Carabineros
Por otra parte, para los diputados de RN, quienes han manifestado un apoyo al general Yáñez, es fundamental que se reconozcan las particularidades de ciertos cargos, esto es de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, cuyo llamado retiro solamente puede tener lugar en los límites de lo dispuesto en la Constitución.
En concreto, “el inciso final del artículo 104 de nuestra Constitución Política dispone que “El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período”.
En este sentido, los parlamentarios agregan que: “De ahí se desprenden dos particularidades de un cargo que, si bien demanda confianza por parte del Jefe de Estado, guarda ciertas particularidades que tienen por objeto comprender que las Fuerzas Armadas no son servicios públicos como otros, expuestos a los vaivenes y al devenir de la política. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile si bien no son organismos autónomos y responden con obediencia al poder civil, poseen particularidades y una importancia institucional que demanda que en su caso los jefes de servicio sean llamados a retiro previo informe a ambas cámaras del Congreso Nacional, pero más importante aún, mediante decreto supremo fundado que debe ir a control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República”.
Asimismo, los diputados señalaron que un criterio político no debería determinar el fin de la carrera de altos mandos militares, enfatizando que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresan dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República.
“Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el General Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva en base a teorías que requieren de un elemento contextual que en caso alguna se dio en los incidentes que sucedieron al 18 de octubre del año 2019, sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el «Criterio Tohá» tratándose del General Director de Carabineros. En este caso se debe fundamentar racionalmente y con apego a derecho el llamado a retiro, más allá de estándares políticos de la autoridad de turno, y eso no parece posible si tenemos a la vista la naturaleza de la formalización y el contenido del derecho a la presunción de inocencia”, plantean.
Finalmente, los diputados RN reiteraron su apoyo a una doctrina institucional que promueva la probidad en los cargos de confianza, pero también anuncian que “utilizaran todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el General Director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente”.
