La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles en general el proyecto de cumplimiento tributario, que forma parte del pacto fiscal que impulsa el Gobierno y que incluye nuevas regulaciones, debido a que Chile presenta tres veces menos cumplimiento tributario respecto de la media de la Unión Europea, por ejemplo, en torno al pago del IVA.
La meta del proyecto es la de reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal, recursos que usarían para financiar el Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030 y un gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022).
Sobre el último punto se espera invertir en prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia.
La propuesta, enmarcada en el Plan de Pacto Fiscal, moderniza la administración tributaria (SII, Tesorería y Aduanas) como también de los tribunales tributarios y aduaneros y de la Defensoría del Contribuyente. En este plano, se incluye el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, aumento en dotación de personal.
Junto a lo anterior, se avanza en control de la informalidad, especialmente, el de gran escala. Datos aportados en el trámite indican que más de un millón de los microemprendimientos no tienen inicio de actividades en el SII.
Asimismo, se realiza una actualización de los delitos tributarios y se elevan algunas de las sanciones. Entre estos últimos están las correspondientes a la utilización o facilitación de documentos tributarios falsos. Se suma a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo.
Antielusión
Paralelamente, se busca combatir la planificación tributaria agresiva. En este marco se encuentra la modificación de la norma general antielusiva en dos niveles:
Se proponen modificaciones sustantivas que buscan establecer un claro encuadre del rango de aplicación de esta norma. Así, se regula cuándo y cómo se aplica. Además, se explicita la forma de interacción con las normas especiales antielusión.
Se explicita la aplicación de la norma general a operaciones que consisten en un conjunto de actos en que, pese a que uno o más de ellos están sujetos a una norma especial, se debe permitir la aplicación de la norma general pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto.
Otros elementos abordados refieren a una reestructuración de la norma de tasación y reorganizaciones empresariales; calificación de abuso o simulación; tributación internacional (paraísos tributarios); impuesto a la herencia y donaciones; se modifica el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario; y regulación de las obligaciones tributarias (incluye flexibilidad para la suscripción de convenios de pago y un régimen especial para las mipymes).
