La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó con evidente molestia ante la exigencia de la bancada parlamentaria del Partido Republicano para que tanto ella como el Partido Comunista «se abstengan de intervenir» en el caso del secuestro del ciudadano venezolano Ronald Ojeda.

Aludiendo a la necesidad de «hacer pedagogía» e, incluso, pidiendo apoyo a la prensa, para explicar como funciona una investigación como lo que está llevando adelante el Ministerio Público en este caso, la secretaria de Estado comentó que «en esto se ha pedido que demos información sobre los avances de la investigación, luego de que no nos refiramos a la investigación. Creo que aquí hay que hacer pedagogía y aclarar nuevamente en que consiste una investigación de estas características. En primer lugar, en la separación de poderes, la investigación no la lleva el Gobierno ni ninguno de sus ministros y ministras, sino que otro poder del Estado y, por lo tanto, ahí está radicado el conocimiento y la responsabilidad sobre el avance de una investigación que es importante, dado que se trata del secuestro de una persona de nacionalidad venezolana y que por, justamente, el desempeño, investigación y que tiene que ver con el resguardo de la persona víctima y su entorno familiar, es que tiene un carácter reservado».

La autoridad recalcó en este punto que «no necesitamos utilizaciones políticas de un caso que nos ocupa y nos preocupa en estos momentos, y particularmente a un poder del Estado, (del que es parte) el Ministerio Público, que ha insistido en que esto es de carácter reservado».

Vallejo, al consultársele por el veto que estaba buscando el Partido Republicano hacia su figura y otros militantes del PC en el Gobierno, calificó como «absurdo tener que responder si uno descarta o no descarto cuando la base del cuestionamiento no tiene relación con cómo funciona una investigación de esta naturaleza y por eso vuelvo, y en esto me puede ayudar la prensa también, a hacer pedagogía sobre cómo opera este tipo de investigaciones. Entonces, francamente tenemos una investigación que no lleva el Gobierno (…) el Ejecutivo no lleva investigaciones, la lleva el Poder Judicial, la lleva la Fiscalía, y es el Poder Judicial quien determina finalmente las sanciones».