En su intervención, el Mandatario destacó que “desde el Gobierno, hemos asumido como prioritaria la tarea de fortalecer todas las herramientas del Estado para poder responder a los ingentes de seguridad, ya sea robusteciendo los organismos que actualmente existen, aprobando nuevas leyes en conjunto con el Parlamento, de manera transversal la mayoría de las veces, entregando más recursos o creando nuevas instituciones si es que así se requiere».

Según se indicó desde el Ejecutivo, esta ley es parte de la agenda priorizada de 31 proyectos de seguridad que cuenta, a la fecha, con 23 proyectos despachados. Además, forma parte del primer eje de la Estrategia de Seguridad del Gobierno, que apunta a fortalecer a las instituciones, partiendo por las policías.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recalcó la necesidad e importancia de continuar avanzando en dicha estrategia, destacando que «es parte del esfuerzo por fortalecer las instituciones, ese es el primer eje de la estrategia que estamos impulsando como país. Y fortalecer las instituciones implica robustecer aquellas que existen, como las policías, el Ministerio Público, Gendarmería, pero también crear nuevas instituciones como la Agencia de Ciberseguridad, que se crea con este proyecto».

La secretaria de Estado añadió que «este proyecto también se tributa al segundo eje de la Estrategia de Seguridad que se propone combatir el crimen organizado y la proliferación de armas, porque el crimen organizado también se desarrolla en esta dimensión y cometer delitos cibernéticos es parte de las actividades que este tipo de grupos criminales desarrollan».

Asimismo, Tohá subrayó que «el tercer eje al cual tributa esta medida -quizás es el más importante- es lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad. Y esto es muy representativo de ese esfuerzo, porque en este gobierno se ha logrado que proyectos iniciados en una administración se sigan en la otra, se ha logrado construir acuerdos a pesar de las diferencias”.

Política Nacional de Ciberseguridad 2023 – 2028

En la ceremonia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó al Presidente Boric la Política Nacional de Ciberseguridad 2023 -2028, fruto del trabajo realizado por el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que establece cinco objetivos estratégicos.

1. Infraestructura resiliente: el país contará con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad, bajo una perspectiva de gestión de riesgos.

2. Derechos de las personas: El Estado resguardará y promoverá la protección de los derechos de las personas en Internet, a través del fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de ciberseguridad.

3. Cultura de ciberseguridad: Chile desarrollará una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, y promoción y garantía de los derechos de las personas.

4. Coordinación nacional e internacional: Los organismos públicos y privados promoverán instancias de cooperación con el resto del sector público y de la industria, y con la futura autoridad nacional de ciberseguridad, con especial énfasis en la comunicación y difusión de los esfuerzos que se realicen en ciberseguridad.

5. Fomento a la industria y la investigación científica: El país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad, que proteja a las personas y las organizaciones y que sirva a sus objetivos estratégicos.

En ese sentido, el Jefe de Estado hizo hincapié en que “en Chile la ciberseguridad, afortunadamente, se ha consolidado como una política de Estado y es que, como en muchas otras cosas, aquí no estamos partiendo de cero. Estamos avanzando a partir de lo que fue construido, por ejemplo, con la primera Política Nacional de Ciberseguridad que fue presentada por la Presidenta Bachelet en 2017, que estamos actualizando para el periodo 2023-2028, en julio de 2022 promulgamos la Ley de Delitos Informáticos y como Gobierno impulsamos la tramitación y aprobación de este proyecto de Ley Marco que fue elaborado durante el segundo mandato del presidente Piñera y presentado a fines de su gestión en marzo del 2022”.