El Diario Oficial publicó este martes el decreto que modifica la Ley 20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y la Ley 21.325, en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional.
En este contexto destaca la ampliación del perímetro en la que se puede aplicar este procedimiento, extendiéndose hasta 10 kilómetros de los límites de la frontera, lo que proporciona un mayor margen de acción para su ejecución.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó las críticas de algunos sectores de la oposición, y explico que «hoy está vigente en la Macrozona Norte una implementación a través de una reforma constitucional que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas (…) que pueden hacer control de identidad, puede registrar y pueden detener, no hay otra parte de Chile donde tengan esas facultades».
Añadió que «eso ha sido complementado con un proyecto de ley tramitado que hoy día es Ley de la República y que presentó el Gobierno, que tiene que ver con ampliar la zona de control de la frontera. Lo que ocurría es que la persona que se lograba detener cruzando la frontera podía ser reconducida y eso se amplió a 10 kilómetros (…) me parece que a la mayoría del país le va a parecer una medida acertada, ampliar el área en la cual el Estado Chileno tiene facultades para detener personas que han ingresado de manera irregular a Chile y para reconducirlas y es una medida que va en el sentido correcto».
Al referirse al caso de la frontera con Bolivia en este contexto, Monsalve explicó que «uno reconduce a personas que ingresan irregularmente al país de donde viene en la medida que ese país lo autorice. No hay ningún que país que, por la fuerza, reconduzca a personas que el otro país no acepte. Ni este Gobierno, ni el anterior ni el anterior, ha reconducido ciudadanos venezolanos a Bolivia, porque dicho país no acepta la reconducción de ciudadanos venezolanos. Diferente es la relación que tenemos por ejemplo con Perú, donde se permite la reconducción de todo tipo de ciudadanos de cualquier nacionalidad que hayan ingresado irregularmente a Chile».
