La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó este miércoles la prisión preventiva de Daniel Andrade y Carlos Contreras, ambos imputados por el Caso Democracia Viva, una de las aristas principales del Caso Convenios.
Ambos cumplían desde el pasado 15 de diciembre de 2023 la medida cautelar que ahora la segunda sala del mencionado tribunal sustituyó por arraigo nacional y arresto domiciliario.
Argumentos de las defensas
Las defensas de ambos recurrieron de apelación ante la Corte por la determinación del Juzgado de Garantía de Antofagasta del 20 de febrero.
Así, la defensa del exrepresentante legal de Democracia Viva sostuvo que “no corresponde la aplicación de medida cautelar alguna, o a lo más, arresto domiciliario total”. Esto porque estiman que han expuestos nuevos antecedentes durante el proceso y que ha existido “una cooperación eficaz y colaboración sustancial”.
“El Sr. Andrade solicitó que se tuviera presente que ponía a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, como documentos, papeles, cuadernos, hojas archivadores o carpetas”, se lee en el documento de 36 carillas.
En el mismo tono, la defensa del exseremi de Vivienda señaló que ha prestado colaboración y que su declaración -que prestó durante tres jornadas- ha generado distintos efectos. Por ejemplo, el escrito explica que esta ha dado pie a nuevas diligencias que han permitido al Ministerio Público ampliar las pesquisas.
En la instancia, el Ministerio Público, a través del fiscal a cargo de la causa, Cristian Aguilar, buscó que los imputados por tres delitos de fraude al fisco en la causa Democracia Viva siguieran en prisión preventiva, considerando que ante el Juzgado de Garantía, el pasado 20 de febrero, el persecutor ya había descartado tanto la colaboración sustancial como la presentación de “nuevos antecedentes”.
Acusaciones siguen vigentes
Según la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Andrade y Contreras son acusados de malversar cerca de $426 millones de pesos, en el marco de los convenios irregulares suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
Desde la fecha en que se decretaron las cautelares, los abogados de Andrade manifiestan que la medida cautelar es «desproporcionada» y que no recibió «ningún peso proveniente de los $426 millones de pesos transferidos por la Seremi de Vivienda a la fundación».
En tanto, la defensa del exseremi argumenta que el imputado «tiene irreprochable conducta anterior, domicilio conocido, que tiene a su cargo el cuidado de sus padres que son de 81 y 84 años, de los cuales es hijo único y que ha prestado colaboración en la investigación administrativa».
