El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve salió una vez más a defender la gestión del Gobierno en torno a la polémica de las pensiones de gracia y el duro informe de Contraloría que acusó graves falencias en su proceso de entrega de pensiones de gracia, respondiendo además a las críticas de su antecesor en el pasado gobierno, Juan Francisco Galli.

Así, la autoridad sostuvo esta mañana, en medio de una actividad por el lanzamiento de la segunda etapa del Plan Verano Seguro, que Contraloría también fiscalizó en 2021 -esto es, en plena administración Piñera- la entrega de estos beneficios en 2021, informe que en su opinión, y a la luz de la cascada de críticas por el documento actual, “tendría que ser catalogado de mortal”. 

Fue así que al consultársele sobre las declaraciones de Galli, quien acusó a la izquierda de presionar para que se aplicaran las pensiones gracia, expresó que no quiere entrar en la “pelea chica” y que el informe de Contraloría al que se hace mención en las críticas no es el único.

“También se hizo una auditoría y una fiscalización de las entregas de estos beneficios durante todo 2021″, recalcó, agregando que “si este informe de Contraloría ha sido calificado como lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal. Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social”.

En tanto, al abordar el retiro de pensiones de gracia, el subsecretario hizo hincapié en que “nadie asume esta subsecretaría para enfrentar problemas simples; se hace para afrontar temas complejos, dar la cara y resolverlos”, subrayando que “reitero eso porque nosotros hemos modificado el manual de procedimiento para la entrega de dichas pensiones, o sea, le hemos dotado al país por primera vez de un instructivo que exige presentar los antecedentes penales previos a entregar la pensión de gracia“.

En es contexto destacó también que el Gobierno ya pidió la revisión de estos beneficios con los extractos de filiación, y que “nunca ningún gobierno había pedido la verificación de los antecedentes penales a través de la solicitud de esos extractos. Eso nos ha permitido saber que son 69 personas de las 418 las que tenían antecedentes penales», cifras ya adelantadas por diversas autoridades el pasado viernes.

También “oficiamos formalmente a la Comisión Asesora para que revise esos 69. Esa revisión será entregada hoy al Presidente de la República para que tome la decisión de cuánto de eso revocar».

Cabe recordar que el Mandatario se reintegró hoy a sus actividades con una intensa agenda actividades en la provincia de Chiloé, en la Región de Los Lagos.