Desde la Región de Los Lagos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó este jueves el espinoso informe de Contraloría que reveló 58 pensiones de gracia fueron entregadas a personas con antecedentes penales y condenas por «delitos violentos», respecto del cual reconoció que «fue un error» entregar dichos beneficios a individuos con antecedentes criminales y que «no tenían lesiones permanentes» causadas durante el estallido social. 

«Nunca debió haber ocurrido la entrega de pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes y por lo tanto es un hecho grave, pero también quiero decir que ocurrió porque se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento establecido para entregar dichas pensiones», explicó en detalle la autoridad.

Concretamente, el informe de Contraloría reveló que, en 58 casos, las personas beneficiadas mantenían antecedentes y condenas por graves delitos, incluyendo homicidios, abuso sexual y producción de pornografía infantil, ello aun cuando el Gobierno había cifrado en 40 los pensionados de gracia.

Pero en el punto de prensa de hoy en Puerto Montt, el subsecretario rectificó la cifra y aclaró que en total son 69 los casos donde las personas beneficiadas cuentan con antecedentes, aunque argumentó que dichas pensiones fueron entregadas bajo el cumplimiento «riguroso» del procedimiento establecido por ley al momento de ser determinadas. 

«Ese procedimiento se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales. ¿Fue un error? Sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento. Yo sí dicté la modificación de este procedimiento que hoy día dice que para entregar una pensión de gracia se obliga a pedir los antecedentes penales», expresó.

A su vez, el ente fiscalizador cuestionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras comprobar la existencia de una decena de personas que no habrían presentado informes médicos que respalden su categorización de víctima de derechos humanos.

«En 10 de los 144 casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante», aseguró Contraloría.

Al respecto, Monsalve argumentó que «el procedimiento que se estableció el 4 de enero de 2022, estableció que para entregar las pensiones de gracia uno de los requisitos era tener a la vista un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La glosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos, habla de afectaciones, y esa ley la aprobó el Parlamento».

No obstante, aseveró que ahora el Ministerio del Interior está «recabando la información para complementar». 

Finalmente, el subsecretario afirmó que las pensiones de gracia ahora serán revisadas por una comisión que tendrá la tarea de mencionarle al Presidente de la República en qué casos revocar el beneficio.