El juez de Barcelona que investiga el «Caso Volhov» ha subrayado en un auto conocido este lunes 29 de enero que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros miembros del ‘Govern’ mantuvieron “estrechas relaciones personales” con el Kremlin, dispuesto a apoyar “económica y militarmente” la independencia de la región española de Cataluña. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de traición, que no está entre los perdonados por la polémica ley de amnistía española.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorroga así la instrucción del caso seis meses para apuntalar los indicios contra Puigdemont y el resto de imputados. Además, remarca que esta es “la pieza de la que derivan las demás piezas separadas de la llamada operación Volhov, por si resulta necesario practicar más diligencias de prueba comunes a las demás piezas y hasta que no finalicen éstas”.

El juez subrayó que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron también “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana, además de Rusia en la búsqueda de apoyos a la secesión catalana.

Pieza separada de la causa

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda prorrogar la investigación del «Caso Volhov” sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo en el procés, un día antes de que el Congreso debata si aprueba la ley de amnistía.

Para el juez, de la instrucción de la pieza separada del “Caso Volhov” sobre los supuestos contactos en Rusia para el procés se desprenden inicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y de que su entorno llegó a reunirse con “los más altos capos de la mafia rusa”.

En su auto, el magistrado esgrime datos que apuntan a “estrechas relaciones personales” entre algunos investigados con diplomáticos o personas vinculadas con los servicios secretos rusos o miembros “influyentes” de partidos de la extrema derecha alemana o italiana, “con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica” con la Generalitat si Cataluña “se independizaba de forma unilateral de España”.

También apunta a que los intereses rusos en el procés derivan de su propósito de “desestabilizar” a la Unión Europea, mediante una eventual salida de España por la independencia unilateral de Cataluña, “apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar”.

Según el juez, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el expresidente catalán no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.

Viajes a Rusia para entrevistarse con la mafia

En opinión del juez, Alay y Boye viajaron además a Rusia para “entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin”.

Según el magistrado, los contactos con “altas instancias del Kremlin” se llevaron a cabo tanto antes como después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y, tras octubre de 2017, Alay pasó a relevar a Terradellas en los contactos con Rusia, dado que este quedó “inutilizado” por su detención en la primera fase del caso por la presunta trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona.

“Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos”, apunta el magistrado.

(Con información de Agencia EFE e Infobae)