La Contraloría General de la República entregó este jueves un informe en el que se incluyen los detalles de las pensiones de gracia otorgadas por el Estado. 

El documento constata que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión «tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos».

El texto detalla que «en efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros».

Asimismo, la Contraloría constató 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el INDH a la entidad auditada para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.

De estos 19, nueve fueron subsanados. En esa línea, la falta de antecedentes o las deficiencias de aquellos no permitían respaldar el análisis y evaluación efectuado por ese departamento respecto del grado de lesiones y menoscabo laboral de los postulantes a las pensiones de gracia que fueron autorizadas.

Por otro lado, además de no existir una instrucción formal para incrementar las pensiones de gracia que habían sido otorgadas conforme a la categorización original, no se evidenciaron antecedentes de respaldo que den cuenta de una nueva instancia de reclasificación de la gravedad de los casos en cuestión para otorgar tal aumento.

En relación a los 10 casos objetados, la Contraloría mandató a la entidad a verificar la existencia de antecedentes complementarios que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes por parte del Instituto, remitiendo dichos antecedentes al Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior e informar a la Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles desde la recepción del documento.