Por el Profesor John Gajardo, Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile.
Las condiciones propicias para la ocurrencia de un incendio y la escasa responsabilidad humana en actividades al aire libre han generado un escenario pesimista que pone en peligro la sobrevivencia de nuestros bosques y plantaciones. Aquí es donde la mejor herramienta que surge es la prevención, lo que implica una mejor planificación para evitar este fenómeno.
La academia no es indiferente a este tema, por eso se están llevando a cabo proyectos e iniciativas que buscan avanzar hacia un territorio y una comunidad más preparada. En el proyecto Fondecyt de Iniciación 11231083: Projecting wildfires probabilities with land cover-use changes in optimistic and pessimistic climate scenarios, buscamos predecir la distribución espacial de los incendios en un escenario climático actual y futuro. Estamos experimentando con varios escenarios, uno optimista y otro pesimista. En ambos escenarios habrá un aumento de temperatura y disminución de precipitaciones. En el optimista esto será un poco más gradual; en el pesimista será más acelerado. En cualquiera de los dos casos se espera que el territorio históricamente afectado por incendios forestales sea más susceptible y exista un avance de los incendios hacia zonas donde antes no era un problema.
Saber dónde podrían ocurrir los incendios es una información muy importante para las instituciones y organismos dedicados a la gestión del fuego, particularmente en la etapa de prevención. Este proyecto indicará dónde hay una mayor probabilidad de que ocurra un incendio forestal dado ciertas variables de tipo climática, fisiográfica y antrópica. Hay algunas iniciativas que predicen riesgos de incendios con una certeza espacial amplia (2 km ó 5 km) y estamos intentando bajar esa predicción a 200-250 metros, lo que permite una planificación más detallada de las zonas de riesgo.
En el país existen algunos avances en materias normativas, como reducir la cantidad de combustible entre las viviendas y la vegetación, o lo que comúnmente se llama la interfase urbano rural. Hay una normativa de CONAF que exige a todos los propietarios de plantaciones forestales contar con un programa de protección de incendios forestales cuando sus predios están en contacto con algún tipo de interfase. Esto se refiere a la existencia de cortafuegos, fajas libres de vegetación y reducción de la densidad de árboles en ciertas situaciones. Estas medidas ayudan a prevenir un incendio forestal, -y en el caso de que éste llegase a ocurrir-, permiten facilitar su control.
También existe un proyecto de Ley en primera revisión para Prevención de Incendios Forestales y Rurales que se concentra en la declaración de responsabilidades y en el fortalecimiento de la gestión a escala de paisaje. Este proyecto buscaría incluir a actores públicos y privados, y acoger las demandas de la sociedad en un escenario de cambio climático.
La comunidad no se queda atrás y se coordina a través de brigadas comunitarias en conjunto con actores relevantes del sector forestal, educando a la población con charlas en temas claves como la limpieza del entorno, la importancia de no quemar basura o evitar realizar actividades cuando hay altas temperaturas, además de concientizar a los niños sobre el riesgo del uso del fuego.
Ordenamiento territorial
A pesar de estas iniciativas existe un punto muy relevante en el cual aún no hay avances significativos: el ordenamiento territorial. Este problema hace que no tengamos una buena perspectiva hacia el futuro. En el caso del uso de territorio para vivienda, en particular las parcelaciones, no ha sido exitoso. Es conocido cómo este fenómeno está afectando el entorno natural y cada una de estas parcelaciones se convierten en posibles interfases y focos potenciales de inicio de incendios. Frente a esta problemática existen iniciativas legales, como la modificación de la Ley Nacional de Planificación (LGUC) y la creación del Servicio Nacional Forestal (SENAFOR), pero aún no se concretan a pesar de llevar varios años de tramitación.
Los incendios son y serán un fenómeno permanente y las legislaciones deben adaptarse a ellos, además de considerarlos en los planes de desarrollo territorial futuros. Hasta el momento, no existe una regulación efectiva para controlar el fenómeno de las parcelaciones y las externalidades negativas que estas conllevan.
Ejemplos internacionales demuestran que evitar la homogeneidad del paisaje es un método útil para impedir que un incendio se propague de forma continua. En España, por ejemplo, se ha trabajado por un paisaje más heterogéneo, con distintos usos de suelo, lo que denominan “mosaico”. En países como Estados Unidos y Australia existe una normativa para la construcción de las viviendas en entornos urbanos-rural y urbano-forestal, que exige el uso de materiales no inflamables. Aún no hemos llegado a eso en Chile y probablemente sean los pasos a seguir.
Es importante tener en claro que los incendios no son espontáneos, sino provocados en su mayoría por el ser humano, ya sea de forma intencional o por negligencia. El cambio climático, a su vez, genera un territorio más vulnerable: las altas temperaturas provocan que la vegetación se seque y sea más susceptible a incendiarse. Esta situación la vemos hoy incluso en ecosistemas esclerófilos que están adaptados a condiciones de sequía y que presentan señales de pardeamiento. Si a esto le agregamos el factor del viento durante las olas de calor, el escenario es aún peor.
