Durante esta mañana, la Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, junto al Arzobispo Fernando Chomalí, y vecinos de este tradicional sector del centro de la capital, dio inicio formalmente a la Concesión de Uso Gratuito de Largo Plazo de la ex iglesia de San Francisco de Borja al Arzobispado de Santiago.

El templo fue durante años la capilla institucional de Carabineros de Chile, hasta que fue incendiada por vándalos en medio del estallido social el 3 de enero y el 18 de octubre de 2020, quedando la construcción patrimonial de 1876 casi destruida.

El destino del templo fue incierto por largo tiempo, hablándose incluso de un proyecto de la Municipalidad de Santiago para destinarlo a un espacio de memoria público sobre el 18-O. En tanto, Carabineros traspasó dicho inmueble al Ministerio de Bienes Nacionales, en septiembre de 2022.

Este martes, sin embargo, se concretó una gestión silenciosa del Arzobispado de Santiago que implicó la recuperación para enfrentar su restauración, a poco menos de un mes de que Fernando Chomalí asumiera arzobispo titular.

En este contexto, la ministra Sandoval sostuvo que “hoy, en línea con nuestro Gobierno que nos ha solicitado a todas las carteras recuperar los espacios públicos para entregar mayor seguridad a las personas, damos un paso significativo hacia la recuperación de la ex iglesia San Francisco de Borja”.

En esa línea, la secretaria de Estado también explicó que “el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, nos ha solicitado que le entreguemos el inmueble para avanzar en su recuperación definitiva. La figura administrativa para eso será la de la Concesión Nacional Gratuito de Largo Plazo, puesto que este lugar está bajo la administración de Bienes Nacionales desde abril de 2023. Luego de que esto ocurra, se constituirá una mesa técnica que permita levantar recursos para estudios de reparación y remodelación definitiva del inmueble”, declaró la secretaria de Estado.

De esta manera, el templo “continuará siendo resguardada y destinada para el fin que fue creada originalmente”, enfatizó la secretaria de Estado.

Por su parte, el arzobispo Chomalí, afirmó que “sin lugar a dudas que esta es una política valorada, no solamente por la comunidad católica, sino que también por el país. Mirando el templo destruido tenemos que dar un mensaje: los conflictos sociales que existen no se solucionan con la violencia”.

En ese sentido, el líder religioso hizo hincapié en que “el Gobierno nos está diciendo que hay una historia larga y que ésta no se destruye, sino que se reconstruye. En lo personal, manifiesto mi alegría que el Ministerio de Bienes Nacionales nos haga entrega de este lugar, donde pondremos nuestros mejores esfuerzos para su restauración”.

El trabajo de Bienes Nacionales se realizó en coordinación con la Oficina de Asuntos Religiosos, que es parte de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por el ministro Álvaro Elizalde.

“Es muy importante preservar nuestro patrimonio histórico cultural, y para ello la recuperación de una iglesia de enorme simbolismo, ubicada en el corazón de la capital, es fundamental. No tenemos duda de que la entrega de uso al Arzobispado es una muy buena noticia”, dijo el ministro Elizalde.

La iglesia San Francisco de Borja fue inscrita a nombre del Fisco en 1981. Con fecha 26 de octubre de dicho año, se destinó al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros, para fines de su propio servicio religioso.

En los años 2019 y 2020, el inmueble sufrió varios siniestros que afectaron gravemente su estructura. Carabineros de Chile, en su calidad de administrador aún, realizó algunas intervenciones de emergencia. Luego envió un oficio al Ministerio de Bienes Nacionales solicitando el término de la destinación, la que se oficializó en abril de 2023.

Desde la devolución al Fisco, el Ministerio de Bienes Nacionales se ha concentrado en mejorar las condiciones de seguridad del inmueble y el entorno del parque. La instalación de una reja perimetral, la contratación de una empresa de seguridad y la pintura y arreglos en la fachada, permitieron darle un nuevo aire al inmueble que se había convertido en foco de permanente conflicto por consumo de drogas, robos y ocupantes ilegales en su interior.