La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, abordó la reunión que mantuvo el Consejo de la institución con el Gobierno tras el oficio enviado por el organismo a La Moneda en 2022, donde aseguraban que no podían seguir acreditando las pensiones de gracia del estallido social.
Contreras señaló, en entrevista con CNN Chile, que en la reunión se abordó la generación de “un sistema adecuado de reparación ante la vulneración de derechos humanos”, reconociendo que no hubo una respuesta escrita del Ejecutivo al oficio, sino que se dio de manera verbal.
Seguidamente, la autoridad detalló que dichas acreditaciones figuraban bajo el mandato de la Ley de Presupuesto 2021 y 2022, cuyas glosas presupuestarias decían que se otorgarían pensiones de gracia a personas que hubiesen sido víctimas de violaciones a DD.HH. y que, además, tuvieran incapacidad laboral parcial o total.
En ese contexto, aseguró que “estuvimos obligados a cumplir la ley. Si nos hubiesen preguntado qué nos parecía esa glosa, hubiéramos dicho que no corresponde porque el Instituto no cuenta con los elementos para hacer calificaciones de ese tipo”.
Asimismo, explicó que el INDH solo puede “calificar vulneración ante violación de derechos humanos, (y para) otro tipo de afectaciones existen las instituciones para que la realicen, (como) servicios de Salud, Ministerio Público o Ministerio del Interior”.
Al preguntársele si estos alcances fueron expresados al Gobierno, Contreras respondió: “Lo reiteramos muchas veces, sin embargo ocurrió en los gobiernos de Sebastián Piñera y de Gabriel Boric. En ambas administraciones estaba en la Ley de Presupuesto y la ley hay que cumplirla”.
