La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora encargada de indagar los actos de Gobierno entre los años 2018 a 2023, respecto del resguardo y fiscalización de la seguridad portuaria en las vías marítimas de entrada y salida del territorio chileno.

Dicho informe constató que el estándar de seguridad portuaria no es el mismo para cada puerto a pesar de que la gobernanza está definida en los mismos términos, mientras que en relación a los problemas que se enfrentan están el contrabando de mercancías, el dinero no declarado, el ingreso o salida de mercancías ilícitas y el robo en instalaciones logísticas, entre otros.

La comisión se conformó el año pasado, integrada por 13 parlamentarios y presidida por Jorge Brito.

Durante sus 9 sesiones expusieron ante ella Alejandra Arriaza, directora del Servicio Nacional de Aduanas; Contraalmirante Litoral Señor Carlos Fredes, director de Seguridad y Operaciones Marítimas; Sebastián del Pozo, jefe del Departamento de Inteligencia Marítima de DIRECTEMAR; Franco Gandolfo, Gerente General en Empresa Portuaria Valparaíso; Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones; Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado; Fernando Gajardo, gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA); Leopoldo Ibarra, gerente de Terminal DP World San Antonio, Cristián Lucero, security officer, San Antonio Terminal Internacional (STI), José Luis Castro, subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas de Chile; y José Fernando Aguirre, gerente general de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport).

No hay un verdadero estándar de seguridad

En el informe se constata que el estándar de seguridad portuaria no es el mismo para cada puerto, a pesar de que la gobernanza está definida en los mismos términos.

Respecto a los problemas que se enfrentan están el contrabando de mercancías, el dinero no declarado, el ingreso o salida de mercancías ilícitas, el robo en instalaciones logísticas, robos a transportistas o en la ruta y falsedad documental.

En tal plano, se estima que se ha visto cuestionada la seguridad del transporte marítimo nacional. Así, se han detectado cargamentos de toneladas de drogas en buques, en Estados Unidos y Europa, que iniciaron su travesía en puertos nacionales. Estos pasan, luego, por el puerto del Callao, en Perú; o de Buenaventura, en Colombia. También son «infectados» en alta mar por medio de naves menores.

Esta situación ha obligado a redoblar las coordinaciones con los organismos multilaterales y las policías de otros países para ir detectando las capacidades, operaciones y de coordinación que existen en estas redes de crimen organizado.

Sin embargo, se observa que los medios y el personal son insuficientes para las tareas que debe cumplir la policía marítima. Se reconoce, en todo caso, que los medios han sido mejorados con transferencias provenientes del Ministerio del Interior, desde los fondos para el combate al crimen organizado. Empero, se espera aún un aumento del personal mediante un proyecto de ley que se está trabajando junto al Ejecutivo.

Propuestas para mejorar seguridad portuaria

El informe releva también la importancia de contar con tecnología no invasiva y un escáner de flujo libre. Actualmente, a nivel nacional, existen once camiones escáner, pero solo ocho están operativos.

La idea es avanzar en medidas que permitirán detectar y prevenir delitos de narcotráfico, falsificación, trata de personas para explotación sexual y tráfico de armas, entre otros.

Asimismo, se propone más personal y capacitación de profesionales y técnicos especializados para operar nuevas tecnologías. También, aumentar la cantidad de fiscalizadores.

Se plantea además que una de las estrategias para combatir y prevenir la comisión de delitos en nuestros puertos, aeropuertos y fronteras, está conformada por los binomios caninos. Pueden detectar hasta siete tipos de olores; con lo que puede evitarse el tráfico de armas, distintos tipos de drogas, pólvora y contrabando de divisas.

Seguidamente, consideran la incorporación de infraestructura obligatoria en bases de licitación de puertos, aeropuertos y, en general, de todos los pasos fronterizos terrestres.

El texto, finalmente, entre otras sugerencias, llama al Ejecutivo a considerar las conclusiones y recomendaciones planteadas. De este modo, se espera abordar situaciones como el tráfico de la nueva droga Fentanilo. Ella fue detectada por la PDI a través del paso fronterizo Pino Hachado, en la región de La Araucanía. Según se observa, este no contaba con tecnología para detectar sustancias ilícitas.

“La seguridad portuaria hoy no se puede descuidar”, se remarca. Asimismo, se enfatiza que “no es menor la necesidad de mejorar la coordinación entre servicios, el intercambio de información y el control documental”.